La Fiscalía brasileña recomendó este miércoles al Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) suspender la renovación de la licencia ambiental de la única mina de uranio del país. La medida cautelar busca paralizar las operaciones del yacimiento, activo desde 1999, hasta que la empresa estatal responsable evalúe los impactos reales en la zona y consulte formalmente a las poblaciones afectadas.
El Ministerio Público Federal aclaró que la iniciativa no clausura el proyecto de forma definitiva, sino que condiciona su continuidad al cumplimiento estricto de las normativas ambientales y sociales vigentes. La advertencia de los fiscales surge ante el peligro latente que representa la actividad minera para los recursos hídricos y la salud de los habitantes de la región.
Organizaciones sociales y organismos de control denuncian constantemente la posible contaminación de las fuentes de agua locales y la degradación del entorno natural por la extracción de material radiactivo. La Fiscalía utiliza esta recomendación como un mecanismo de presión legal; aunque el Ibama no está obligado a acatarla de inmediato, la omisión del aviso abrirá la vía para demandas judiciales urgentes por daños al ecosistema.
Omisión de consultas obligatorias a comunidades ancestrales
El argumento central del Ministerio Público señala que al menos 14 comunidades quilombolas habitan en un radio de 20 kilómetros alrededor de la mina de Caetité, en el estado de Bahía. Estos asentamientos tradicionales de descendientes de esclavos sufren los efectos directos de la explotación minera, pero la administración del proyecto jamás los tomó en cuenta.
La Fiscalía recordó que la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en Brasil desde 2004, obliga al Estado a pactar con los pueblos originarios antes de autorizar licencias en sus territorios.
Los representantes de la ley explicaron que los protocolos internacionales exigen transparencia total cuando un proyecto de gran envergadura altera los modos de vida y la seguridad ambiental de una región. La mina de Caetité ocupa una provincia mineral con reservas estimadas en 87.000 toneladas de uranio.
La planta produce anualmente cerca de 400 toneladas de concentrado de uranio, un volumen que genera alta preocupación entre los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente debido al manejo de los residuos y el polvo mineral.
El peso estratégico de Caetité en la cadena nuclear brasileña
La instalación, operada por la estatal Industrias Nucleares de Brasil, funciona como el eslabón inicial para el abastecimiento energético del país. En esta planta del nordeste brasileño se ejecutan las fases de minería y beneficio del mineral para obtener el concentrado conocido como yellowcake.
A pesar de su importancia estratégica, las tensiones ambientales crecen debido a la falta de garantías en el manejo del agua subterránea y los suelos de la localidad. El uranio extraído en Bahía no pasa por el proceso de enriquecimiento dentro del territorio nacional.
Tras el procesamiento primario, la empresa envía el concentrado a plantas industriales de Europa para su conversión definitiva. Posteriormente, el material regresa al país convertido en combustible para alimentar las centrales nucleares de Angra dos Reis, ubicadas en el estado de Río de Janeiro. La Fiscalía insiste en que la relevancia energética de la cadena productiva no justifica la vulneración de los derechos ambientales de las poblaciones locales.
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