Por unanimidad, las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en primera discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y del Servicio Eléctrico, un instrumento presentado por el Ejecutivo nacional que busca reconfigurar el modelo energético del país mediante la inclusión de inversión privada y de capital mixto.
El proyecto de ley fue presentado por el diputado Orlando Miranda, quien desde la tribuna de oradores destacó que este es un tema de vital importancia para toda la nación, «que gracias a la voluntad y el compromiso de la presidenta (E) Delcy Rodríguez», ha puesto en la mesa del Parlamento este proyecto.
Recalcó que el proyecto de ley está fundamentado en el artículo 156, el cual manifiesta que es competencia del Poder Público Nacional, en su numeral 29, el régimen general de los servicios públicos domiciliarios y en especial el sistema eléctrico. Indicó que la mandataria (E) ha asumido el compromiso de la protección del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mantenimiento integral de la infraestructura y la optimización de la atención al pueblo de Venezuela.
Miranda expuso que las limitaciones estructurales y financieras que hoy sufre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) son producto del incremento de la demanda productiva y del impacto de las sanciones económicas internacionales aplicadas desde el año 2015. Estas medidas paralizaron grandes proyectos termoeléctricos ideados en la década pasada en regiones clave como Carabobo (Planta El Palito), Mérida (Don Luis Zambrano) y Zulia (TermoZulia), esta última operando actualmente a un 20% de su capacidad.
La reforma, estructurada en 42 artículos, plantea diversificar los actores en la prestación del servicio, en la cadena de comercialización y generación, permitiendo la coexistencia de cuatro figuras empresariales bajo un estricto régimen de concesiones y supervisión pública:
- Control estatal: El Estado venezolano se mantiene como el actor fundamental del sistema.
- Empresas mixtas mayoritarias: Alianzas donde la República preserva el control con más del 50% del capital social.
- Participación minoritaria: Empresas donde el sector público tiene una presencia menor, previa autorización del Estado.
- Empresas privadas: Corporaciones privadas debidamente domiciliadas en el territorio nacional.
Miranda señaló que uno de los puntos más relevantes del nuevo texto legal es la corresponsabilidad civil y penal que se les exigirá a las operadoras del servicio. El proyecto introduce un mecanismo de protección directa al ciudadano ante las fallas del suministro:
De ser aprobado el proyecto, las empresas distribuidoras y comercializadoras quedarán obligadas por ley a compensar económicamente a los usuarios por los daños materiales y pérdidas causadas debido a apagones o deficiencias en la calidad del servicio.
Para garantizar la viabilidad financiera del nuevo esquema y atraer inversionistas nacionales e internacionales, la propuesta contempla el diseño de un nuevo pliego tarifario que refleje los costos reales del servicio y asegure una «rentabilidad razonable» atada a la eficiencia.
Asimismo, se faculta al Ejecutivo y a las autoridades regionales para implementar políticas fiscales flexibles. Esto significa que se otorgarán beneficios y exenciones tributarias temporales a los inversionistas, condicionados exclusivamente a la inversión en las áreas más críticas del sistema.
Por su parte, el diputado José Gregorio Correa indicó que una ley como esta debe estar basada en varios ítems, tales como garantizar un suministro confiable y seguro, lo que requiere normas de planificación, promover la inversión y la competencia, facilitar la integración de energías renovables y contribuir al desarrollo sostenible.
De igual forma, el parlamentario Omar Veracierto dijo que esto debe fortalecer el sistema eléctrico nacional y así avanzar en mejorar dicho servicio en el país.
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