Una serie de mesas de trabajo quedaron activadas para recoger propuestas destinadas a la reforma de la Ley Orgánica de Drogas. La información está publicada en la cuenta Instagram de la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), cuyo jefe, Danny Ferrer Sandrea, explicó que se está desarrollando ‘’un esfuerzo conjunto por fortalecer el marco jurídico y operativo del Estado venezolano frente a los nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana’’.
Ferrer Sandrea, quien también está al frente del Viceministerio del Sistema de Investigación Penal, dijo que la reforma a la Ley de Drogas forma parte del Plan Nacional Antidrogas 2026-2031.
En las mesas de trabajo instaladas participarán representantes de los órganos de seguridad ciudadana, instituciones de salud y el Poder Judicial, entre otros.
“El Plan Nacional Antidrogas contempla dinámicas transversales donde la justicia y la legislación deben avanzar al mismo ritmo que la realidad operativa”, afirmó el Ferrer Sandrea durante el acto de instalación de las mesas.
“No podemos permitir impunidad. Nuestro objetivo es garantizar el debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales, proporcionando a nuestros fiscales y organismos de investigación las herramientas legales precisas para sustentar los elementos de convicción ante los tribunales”, subrayó la máxima autoridad antidrogas.
En días sucesivos, se fueron activando las mesas por áreas específicas. En el área de la salud, la mesa técnica estuvo liderada por Amira Beiruti Castillo, consultora jurídica de la Sunad, y Berlena González, directora general de Análisis Estratégico y Estudios Avanzados sobre Drogas. Contó con representantes del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, ente adscrito al Ministerio para la Salud que vigila la calidad de medicamentos, alimentos y centros de salud del país.
En ese encuentro se debatió la actualización de conceptos técnicos sobre sustancias controladas y nuevas nomenclaturas químicas para una fiscalización dinámica, unificando criterios entre el Ministerio para la Salud y la Sunad con miras a facilitar el control sin obstaculizar el uso legítimo industrial y farmacéutico, dice un reporte difundido.
Las expertas evaluaron la definición de actividades como el almacenamiento, transformación, refinación y distribución dentro del marco legal o reglamentario para evitar vacíos interpretativos y brindar firmeza jurídica a la actuación del Estado, al tiempo que se enfatizó la prevención integral como eje de salud pública mediante el fortalecimiento de programas educativos y comunitarios.
Finalmente, se planteó avanzar hacia la transformación digital con sistemas automatizados de reporte en tiempo real, optimizando la transparencia y la eficiencia operativa en cada estado bajo estándares nacionales e internacionales.
En la sede de la Superintendencia Nacional Antidrogas, prosiguieron las jornadas de consultas la semana pasada con representantes del Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas.
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