La Central Obrera Boliviana (COB) denunció este lunes la aprehensión ilegal de cinco dirigentes en la ciudad de El Alto, quienes fueron interceptados de forma violenta por sujetos encapuchados.
Esto ocurre en el inicio de la sexta semana de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que incluyen bloqueos de carreteras en seis de las nueve regiones del país, principalmente en las zonas andina y central.
De acuerdo con el comunicado publicado, la detención ocurrió en la víspera cuando los cinco sindicalistas fueron «interceptados violentamente mientras transitaban en vía pública de manera pacífica en su vehículo particular por sujetos encapuchados, vestidos de civil y con armas».
Los representantes sindicales afectados fueron identificados como Limber Onofre, Patricia Sánchez, Hever Brabo, Sergio Onofre y Eleiterio Mamani.
La COB calificó esto como un secuestro y «un atentado a la vida», afirmando que quienes ejecutaron estas aprehensiones no portaban identificación policial ni presentaron una orden emitida por una autoridad competente. Además, arrojaron gas lacrimógeno dentro del vehículo de los dirigentes para forzar su salida del mismo.
La COB, la principal organización sindical de Bolivia, exigió la liberación inmediata e irrestricta de sus cinco dirigentes y pidió la «intervención urgente» de la Defensoría del Pueblo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros entes.
Detalló que sus cinco integrantes están detenidos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) «sin un informe policial de acción directa que justifique esta detención, lo que confirma el carácter arbitrario de este operativo».
Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó en un comunicado que verificó la noche del domingo la detención en esa unidad policial de un total de ocho personas, presuntamente vinculadas a la COB.
Esto ocurrió en la víspera de la promulgación por parte de Paz de la Ley 1740 de regulación de estados de excepción, que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía a realizar operaciones conjuntas.
Con esta normativa, el Ejecutivo busca intervenir en los más de 90 bloqueos de carreteras y protestas sociales que exigen la renuncia de Paz desde el pasado 1 de mayo.
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