El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes, mediante la Resolución 551/2026, el denominado Programa de Seguridad Migratoria. Esta medida establece un esquema de control que refuerza las capacidades de las fuerzas de seguridad federales.
El decreto otorga facultades operativas amplias a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para intervenir en tareas de inteligencia, persecución y detención de extranjeros.
Esta política adopta el modelo de vigilancia y deportación impulsado por la administración de Donald Trump en Estados Unidos. El esquema copia las estrategias ejecutadas por las agencias estadounidenses, como el ICE, para identificar y procesar a personas sin documentación en regla.
El Ministerio de Seguridad busca coordinar acciones conjuntas con la Dirección Nacional de Migraciones para agilizar la expulsión de extranjeros bajo sospecha, incluso aquellos que ingresan en calidad de turistas.
Críticas y tensiones por los derechos humanos
La implementación de este programa genera rechazo en diversos sectores sociales y políticos del país. La Iglesia católica argentina manifestó su preocupación durante el Tedeum del 25 de mayo y en encuentros posteriores de obispos.
Los representantes eclesiásticos cuestionaron la finalidad de los operativos y sugirieron que estas acciones responden principalmente a objetivos de comunicación política antes que a una gestión efectiva de los derechos fundamentales de las personas.
Los críticos advierten que el endurecimiento administrativo incrementa la incertidumbre para los extranjeros residentes en el territorio nacional. Los cambios dificultan el acceso a procesos de regularización, servicios básicos de salud, educación y empleo formal.
Sectores sociales denuncian que la medida institucionaliza una persecución sistemática contra la población migrante, alejándose de los estándares internacionales de protección de derechos.
Postura oficial frente al control migratorio
El Ejecutivo defiende la iniciativa como una herramienta esencial para mejorar la seguridad nacional. El Ministerio de Seguridad argumenta que el nuevo esquema garantiza el cumplimiento estricto de la normativa vigente. Según la postura oficial, esta gestión optimiza el control de los flujos migratorios y fortalece la capacidad estatal para combatir actividades delictivas en el país.
El Gobierno sostiene que la creación de unidades específicas dentro de las fuerzas federales proporciona un marco formal para la vigilancia del territorio.
Las autoridades destacan que la medida permite una respuesta rápida ante cualquier irregularidad administrativa. A pesar de los señalamientos de diversos sectores, la administración mantiene su compromiso con la aplicación de estas nuevas competencias para el seguimiento y eventual deportación de extranjeros.
ultimasnoticias.com.ve
Ver fuente