La Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) suscribieron un acuerdo estratégico para la remoción de escombros en las zonas afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.
La información fue ofrecida por el presidente de la CPV, Enrique Novoa, quien señaló durante una entrevista en un medio privado que «hemos suscrito una alianza estratégica con la Cámara Venezolana de la Construcción y la CAF, en nuestro mejor intento, de colaborar con este proceso», aprovechando que ambas organizaciones tienen afiliadas a importantes contratistas de construcción y de ingeniería.
El despliegue en las zonas de contingencia comenzó de manera inmediata al día siguiente del desastre, logrando articular una logística de respuesta rápida bajo la dirección de los organismos oficiales.
«Desde el mismo día 25 nos pusimos de acuerdo muy temprano y hemos desarrollado una dinámica completa», puntualizó Novoa al explicar que esta iniciativa ha permitido activar 35 maquinarias pesadas en diversas locaciones para apoyar en el levantamiento de escombros y el rescate de víctimas.
Evaluación estructural y reconstrucción del litoral
Aunque estas labores de emergencia superan el campo de acción habitual de los gremios participantes, la gravedad de la situación motivó la incorporación de un equipo de ingenieros especializados en la evaluación de las edificaciones de la región. «Al unir estos esfuerzos, al unir el talento, la dedicación y, además, el grupo de ingenieros», ha sido posible realizar inspecciones técnicas y levantar catastros de daños en las estructuras que siguen en pie, trabajando al unísono con otras organizaciones, empresas y embajadas por el rescate del litoral central.
El representante empresarial aprovechó su intervención para enviar un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por esta tragedia, la cual ha golpeado con especial dureza a toda la costa del país. Novoa lamentó las consecuencias del sismo en el litoral y en otras regiones de la nación, ratificando el compromiso del sector privado de mantenerse en el terreno hasta lograr la estabilización de las comunidades afectadas.
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