La administración de Donald Trump genera una intensa controversia tras formalizar los cambios en la política de «carga pública» en Estados Unidos. La medida permite evaluar el uso de programas de asistencia médica, como Medicaid y CHIP, al momento de tramitar la residencia permanente, según publicó el medio Axios.
La decisión enciende las alarmas entre organizaciones de salud pública debido al impacto restrictivo que sufrirán los migrantes y las poblaciones de bajos recursos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementa este nuevo criterio para anular las normativas previas que limitaban las causales de descalificación migratoria.
De este modo, los funcionarios de inmigración obtienen una amplia discrecionalidad para decidir caso por caso. La normativa establece que la percepción de ayudas sujetas a verificación de recursos, incluidos beneficios alimentarios y sanitarios, influirá directamente en la negativa de tarjetas de residencia.
Alarma sanitaria y temor generalizado en comunidades vulnerables
Especialistas en políticas de salud advierten que la directriz provocará un profundo efecto disuasorio en las familias migrantes. Ante el miedo a perder la elegibilidad para regularizar su estatus, miles de personas renunciarán a solicitar cobertura médica indispensable.
Organismos pediátricos denuncian que la medida afectará incluso a menores con ciudadanía estadounidense que requieren asistencia médica prioritaria. El presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría, Andrew Racine, señaló que la normativa incrementa el miedo y la incertidumbre en los núcleos familiares.
Los expertos pronostican un repunte en la saturación de los servicios de urgencias, un incremento en los costos de la atención médica no remunerada y una mayor desigualdad en el sistema de salud.
Proyecciones económicas y debate sobre la autosuficiencia
El DHS estima un ahorro superior a los 13 mil millones de dólares anuales mediante el recorte en la transferencia de fondos federales y estatales. Sin embargo, la propia administración reconoce que la medida contraerá los ingresos de hospitales, proveedores médicos y la industria farmacéutica debido a la menor participación en programas de asistencia.
Defensores de los derechos civiles critican duramente una política que consideran punitiva contra las comunidades de bajos ingresos. Por su parte, el Ejecutivo defiende el ajuste bajo el argumento de que los extranjeros deben garantizar su autosuficiencia económica sin depender del erario público. La nueva disposición comenzará a aplicarse formalmente para todas las solicitudes de residencia permanente presentadas a partir del próximo 18 de septiembre.
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