Una segunda orden de captura contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), fue emitida por la Fiscalía, a raíz de una denuncia por presuntamente impulsar los 54 días de bloqueos de carreteras en mayo, confirmó la noche del miércoles el fiscal general Roger Mariana, en conferencia.
Primero, que la orden de aprehensión fruto de un proceso penal que se tiene en Tarija (sur), la misma continúa vigente y está en manos de la Policía boliviana. Segundo, hoy se ha librado una orden de aprehensión en base al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal en contra de Evo Morales», informó.
Los delitos por lo que se acusa a Morales son alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra seguridad del transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos, cometido durante los 54 días de bloqueos entre mayo y junio.
La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por el presidente de la organización Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, y el ministro de Gobierno, Marco Oviedo.
Por su parte, Morales respondió vía la red social X indicando que su captura no resolverá los problemas económicos que enfrenta Bolivia en la gestión del presidente de centro derecha Rodrigo Paz.
Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción», expresó el expresidente.
Entre mayo y junio, Bolivia registró días de convulsión social con bloqueos de carreteras y protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana y campesinos afines a Morales, que exigían demandas sectoriales como incremento salarial, pero escalaron hasta pedir la renuncia del presidente Paz.
El exmandatario también es investigado por trata de menores, presuntamente, por mantener una relación amorosa con una menor en 2016, cuando aún era autoridad, y la víctima quedó embarazada.
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