La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) presentó una denuncia contra la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y fuerzas federales argentinas conjuntas, acusándolas de violaciones de derechos fundamentales y agresiones físicas a periodistas y manifestantes durante la protesta de este jueves 6 de agosto.
El documento, firmado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto con Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, señala que “hemos verificado acciones y estrategias en el uso de la fuerza que se reiteran como prácticas a lo largo de las maniobras represivas… así como detenciones masivas y arbitrarias, al margen de los límites legales y constitucionales”, refiere Telesur.
La denuncia fue admitida en el Juzgado Federal Nº 10 de Comodoro Py y se originó luego del conteo de víctimas y agresiones, entre las cuales figura la lesión grave sufrida por una fotoreportera, víctima de traumatismo craneal. Su identidad permanece reservada para garantizar su seguridad.
La periodista se encontraba cubriendo la manifestación pacífica convocada en torno a la “ley de tierras y propiedad privada”. Según los testimonios, fue atacada por efectivos policiales alrededor de las 19:50 horas, mientras trabajaba en la esquina de Lima y Avenida de Mayo.
El informe de la CPM detalló que se lanzaron más de 100 granadas de gas lacrimógeno y gas pimienta, además de disparos con postas de goma que afectaron a más de 40 personas. Además, se registraron 28 detenciones —21 a cargo de fuerzas federales y 7 de la policía porteña— y se contabilizaron 1.500 heridos, entre ellos integrantes de la propia comisión y del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios.
En respuesta, el oficialismo encabezado por Javier Milei presentó una contradenuncia, firmada por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, solicitando a la Justicia investigar un supuesto “atentado contra el orden constitucional” por los hechos ocurridos ese mismo día.
La presentación del Ejecutivo incluyó cargos por daño agravado, atentado contra la vida democrática y resistencia a la autoridad, sin reconocer la responsabilidad por los heridos ni los daños materiales ocasionados durante la represión.
Organismos de derechos humanos, como el CELS, calificaron esta acción como “una criminalización fuerte hacia quienes protestan”, según declaró Victoria Darraidou.
El proceso judicial en Comodoro Py deberá definir si avanzan las denuncias contra las fuerzas de seguridad o si prospera la acusación oficialista, en un escenario marcado por la tensión entre derechos ciudadanos y el discurso gubernamental.
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