Camioneros, autobuseros y conductores de vehículos pesados, taxistas y motoristas volvieron a salir a las calles de las principales ciudades colombianas este miércoles en el tercer día consecutivo de bloqueos en protesta por el incremento en los precios de los combustibles, principalmente el diésel, que comenzó a regir el sábado pasado.
“Estaremos acá hasta que den una solución en el Ministerio (de Transporte)”, indicó a EFE Wilson Perdomo, líder de la concentración en el Terminal del Sur de la capital colombiana, quien defendió que no participan en un bloqueo, sino que es una “protesta pacífica”.
Aunque los vehículos particulares y las ambulancias y servicios de emergencia tienen paso por algunos puntos de la capital colombiana, hay otros que están completamente bloqueados, especialmente en las entradas y salidas de la ciudad.
Perdomo explicó que el martes hubo una reunión en el Ministerio de Transporte hasta entrada la noche pero que “no hubo acuerdo” y añadió: “Si le van a subir, que sea moderadamente”.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que la ciudad amaneció con bloqueos en 13 puntos de la ciudad, que a su vez afectaron a más de 241 rutas de transporte público y a cerca de 60.000 usuarios.
Las afectaciones, sin embargo, varían en importancia dependiendo del punto y el tráfico sigue fluido en la mayor parte de la ciudad.
Más allá de Bogotá, el paro también se extiende en los departamentos de Norte de Santander y Santander; la Costa Caribe, el Magdalena Medio, Bogotá y el centro del país.
Tiempo de sindicalización
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se refirió también al paro escribiendo en su cuenta de X: “aprovechemos el tiempo del paro para realizar las grandes asambleas de sindicalización”.
“El Gobierno apoyará por completo la legalización sindical de los trabajadores del transporte”, manifestó en referencia a un mensaje que citó en el que se insinúa que el paro camionero es “parte de la trama para dar un golpe de Estado”.
El martes, Petro aseguró que “el país no se dejará bloquear” y apuntó a que el “alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia”.
Los transportistas protestan contra la subida anunciada a finales de diciembre por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, del precio del diésel en 6.000 pesos (unos 1,44 dólares de hoy) entre este año y el próximo, que se hará en tres alzas semestrales de 2.000 pesos (0,48 dólares) cada una.
Amenaza de golpe institucional
Pero este no es el único problema que atraviesa el gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que, dentro de la institucionalidad del país, siempre vinculada a los designios de sectores muy poderosos económicamente, se teje una estrategia que podría sacarlo del poder.
Una investigación liderada por dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia apunta que el presidente del país, Gustavo Petro, habría incurrido en 2022 en violaciones a los topes que prescribe la ley para hacer campaña electoral, reavivando con ello la polémica sobre la legitimidad de origen de su mandato.
Así, los magistrados Benjamín Torres y Álvaro Hernán Prada, notificaron de varias violaciones cometidas por el comando de campaña del presidente izquierdista previo a los comicios en los que resultó electo; unos hechos que, de acuerdo a los integrantes del CNE, evidencian un exceso de hasta 5.300 millones de pesos (un poco más de un millón de euros) en la financiación permitida por ley.
Esta estrategia tardía, pretende impedir que Petro culmine su gobierno, o que pueda postularse a la reelección.
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