Cuando días atrás el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se solidarizó con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, lo hacía ante la amenaza de un enemigo en común: la extrema derecha y el imperialismo estadounidense, en sus empeños por defenestrar a los gobiernos progresistas de nuestra región.
En el caso del mandatario colombiano, al igual que ha ocurrido con el nuestro, prácticamente desde que tomó posesión del cargo el 7 de agosto de 2022, no han cesado los intentos de sacarlo del Palacio de Nariño por distintas vías, la más reciente de ellas a través del Consejo Nacional Electoral, que bajo la excusa de un presunto exceso en los límites de gastos en su campaña, está tratando de impulsar un juicio político en su contra.
El jefe de Estado colombiano lo ha venido denunciando en distintas oportunidades. El 1° de este mes, en su cuenta en la red X sostuvo que “se han organizado para dar el golpe de Estado (…) Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo (…) Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular”, sentenció.
La batalla
Al respecto, el periodista Luis Alfonso Mena, director del periódico Paréntesis en Cali, subraya que “el presidente no se ha quedado quieto, ha venido dando una batalla legal para enfrentar esta ofensiva y ha llamado al pueblo a una contraofensiva. Este fin de semana se va a realizar una Asamblea Nacional Popular en apoyo a sus reformas y en contra del golpe de Estado. El 19 va a haber una gran movilización” en todo el país.
“Los que están impulsando la supuesta sanción no es constitucional, la está encabezando un señor de apellido Prada (Álvaro), que está investigado por haber participado en todo el trámite oscuro con Álvaro Uribe con los falsos positivos. El Consejo Nacional Electoral está integrado por parlamentarios fracasados que no pudieron acceder ni al Senado ni a diputados y sus partidos los designaron para ir a calentar banca con unos honorarios altísimos, pero son simplemente agentes de la oligarquía”, detalla el comunicador.
Mena, quien también es abogado, subraya que “el golpe viene desde hace rato, preparado por la extrema derecha. Comenzó desde el mismo momento en que fue electo presidente. Últimamente se han desatado una serie de acontecimientos que recrudecen esa planificación por parte de la oligarquía y el uribismo”.
De los mismos forma parte “una tergiversación de la propuesta del presidente a los banqueros para que privilegiaran la inversión en la economía popular; los medios y los políticos de la ultraderecha dijeron que estaba presionando e impulsando una expropiación de los ahorros y con eso generaron pánico económico, lo cual es un delito. Al fracasarles eso, porque el presidente llegó a un acuerdo por 55 billones de pesos para créditos a la economía popular entre otros sectores, difundieron una narrativa falsa en el sentido de que iba a incrementar un impuesto para las transacciones bancarias del 4 x 1.000 al 5 x 1.000, otro infundio que se les cayó”.
“Ahora, por intermedio del CNE, integrado por ‘magistrados’ que en realidad son politiqueros, la mayoría de los partidos de la oligarquía tratan de endilgarle al presidente una supuesta superación de topes en la campaña, lo cual es falso, pero han instaurado esa narrativa”, afirma.
Luis Alfonso Mena recalca que “el CNE no tiene facultades constitucionales ni legales para sancionar al presidente. Además, desde el punto de vista del derecho es improcedente, porque esa investigación debió iniciarse 30 días después de la campaña electoral y han pasado más de dos años. Es una artimaña de la oligarquía, pero además, recurren a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, cuya composición es de mayoría uribista, donde les dijeron que sí pueden hacerlo”.
“Los ataques son desde distintos frentes”
El periodista, historiador y abogado Luis Alfonso Mena sostiene que la Sala de Consulta del Consejo de Estado, ante la cual llevó su solicitud el CNE de su país, “no le da autorización a nadie (para investigar al presidente). Las observaciones a través de esa Sala son solamente consultivas, así como se pueden acatar se pueden desdeñar”.
En este caso, “pues los señores del CNE han dicho que los autorizaron, lo cual es falso”.
Por eso, Mena subraya que “estamos en presencia de una artimaña para torcerle el pescuezo al mismo derecho burgués que las élites han construido a lo largo de más de 200 años, para tratar de generar la matriz desestabilizadora contra el gobierno del presidente Petro”.
“Los ataques son desde diferentes frentes: el jurídico, los medios, el administrativo, el electoral, para crear la narrativa de que el gobierno se voló los topes (de financiamiento en la campaña). Son improcedentes, falsos, extemporáneos, falsos los señalamientos”, apunta.
El especialista recalca que “el único organismo que en Colombia tiene potestad para investigar al Presidente de la República es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a donde tendría que trasladar el CNE lo que tengan contra él.
Esta comisión (que también está integrada por representantes de la oligarquía) tendría que designar a quien presente una ponencia y, si procede, entonces tendría que ir a la plenaria de la Cámara y al Senado”.
El paro de camioneros: ¿una señal sediciosa?
Durante el paro de camioneros, que después de cuatro días finalizó el pasado viernes 6, el presidente Gustavo Petro aseguró que se trataba de un paro empresarial.
Luis Alfonso Mena, autor del libro Periodismo independiente en Colombia, dice que, efectivamente, “fue un paro patronal con el espejo de los camioneros, financiado por la CIA, como ocurrió hace precisamente 51 años para derrocar al presidente chileno Salvador Allende”.
Sin embargo, a su juicio, “el presidente le dio un tratamiento de gran estadista y los beneficiados fueron los pequeños transportistas, los de a pie, los de la base y fueron derrotados los pulpos, los propietarios de grandes empresas intermediarias que se quedan con la mitad de los fletes y solamente les dan una pequeña parte a aquellos. Entonces estos, en vez de apoyar el paro golpista de la oligarquía, ahora van a ser incorporados a la reforma laboral para que se les reconozcan sus derechos y no sean explotados de la forma que lo eran antes”.
Luego de cuatro días de un paro en el que bloquearon carreteras y autopistas, incluso con un muerto, el acuerdo mediante el cual se levantó contemplaba el aumento del diésel en dos partes: una en este mes y la otra en diciembre.
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