Más de 200 organizaciones sociales vinculadas a la vida política y social de Argentina repudiaron la instrumentalización del poder judicial del país sureño con fines de persecución política, contra las máximas autoridades del Estado venezolano.
Así lo refiere una carta abierta a la comunidad internacional firmada por 201 líderes sociales, académicos y políticos argentinos, en la que señalaron las contradicciones jurídicas de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, cuyos integrantes ordenaron diligenciar “las órdenes de detención” contra el presidente Nicolás Maduro Moros y el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
“Esta antijurídica y desmesurada decisión, inscribe un nuevo capítulo de ‘lawfare’ tomando la dimensión de operación de persecución internacional que se suma a las políticas injerencistas, intervencionistas y desestabilizadoras lideradas por Estados Unidos, secundado por otros Estados, empresas trasnacionales, redes sociales, corporaciones mediáticas monopólicas, y los sectores políticos dependientes y afines”, refiere el escrito.
A continuación, la carta íntegra:
24 de septiembre de 2024
Carta abierta a la Comunidad Internacional
Las organizaciones y personalidades abajo firmantes, vinculadas a la vida política y social argentina, nos dirigimos a la comunidad internacional y muy especialmente a las más altas autoridades de los organismos internacionales multilaterales e intergubernamentales, a efectos de hacer público nuestro repudio a un nuevo caso en nuestro país de utilización del poder judicial con fines de persecución política, dirigida contra las máximas autoridades de la República Bolivariana de Venezuela.
Esta vez, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por los magistrados Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (éstos últimos designados inconstitucionalmente en dicho cuerpo por el expresidente Mauricio Macri, sin concurso y sin acuerdo del Senado de la Nación ), revocaron la resolución a derecho del Juez de primera instancia, Sebastián Ramos, y le encomendaron diligenciar “de inmediato las órdenes de detención de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, debiendo disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la República Argentina”.
Ponemos de relevancia la antijuricidad y contradicción en la que caen los sentenciantes, al pretender iniciar una investigación en Argentina de la misma criminal falsa demanda contra el presidente legítimo de Venezuela, que nuestro país -como parte del grupo de Lima cuando gobernaba Macri, aliado de Milei- ya había llevado a la Corte Penal Internacional, incurriendo de esa manera en la violación a reglas básicas dispuestas para la admisión de la Jurisdicción Universal, desarrollados en los “Principios de Princeton”, como el N° 9 “non bis in idem”. Esta flagrante contradicción del Estado argentino de iniciar una investigación de algo que ya impulsó en tribunales internacionales es la razón por la cual el juez de primera instancia no le dio curso. Algunos de esos hechos, por otra parte, ya han sido investigados y juzgados en Venezuela -donde incluso se conformó una Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública que reivindicó los derechos de más de 100 víctimas directas e indirectas de las protestas violentas del año 2017 y ya han recibido medidas de reparación y atención integral.
Esta antijurídica y desmesurada decisión, inscribe un nuevo capítulo de “lawfare” tomando la dimensión de operación de persecución internacional que se suma a las políticas injerencistas, intervencionistas y desestabilizadoras lideradas por Estados Unidos, secundado por otros Estados, empresas trasnacionales, redes sociales, corporaciones mediáticas monopólicas, y los sectores políticos dependientes y afines, que han llegado, incluso, a la tentativa de invadir militarmente dicho país.
La elección de Argentina como plataforma de ataque contra la República Bolivariana de Venezuela se relaciona con el alineamiento incondicional del Sr. Javier Milei a los poderes más aberrantes de la humanidad que perpetran o apoyan, por ejemplo, el genocidio en Gaza, y el empobrecimiento y sometimiento de las mayorías populares frente al apetito insaciable del gran capital. Y la guerra judicial o lawfare es uno de los vehículos eficaces a la hora de intentar neutralizar procesos, liderazgos y gobiernos de carácter popular. En este sentido, el aparato judicial de nuestro país es nuevamente instrumentado a tal fin, pero esta vez con la gravedad de ser una operación extraterritorial que infringe la soberanía de una nación hermana y viola principios fundamentales del derecho internacional.
Este ataque no solo atenta contra un país soberano, sino que lo hace contra el propio pueblo argentino al tergiversar y manipular nuestro acervo de Memoria, Verdad y Justicia contra los artífices y conductores del estado terrorista de la última dictadura cívico militar que representaron los mismos intereses que hoy atacan a Venezuela. Por ello, rechazamos la banalización de la herramienta jurídica de la jurisdicción universal y de la figura de los crímenes de Lesa Humanidad, que tan valiosas han sido para la sociedad argentina en su histórica y ejemplar lucha que encabezaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como la garantía de no repetición, al ser utilizadas de modo oportunista por jueces que -además de carecer de la debida designación constitucional- actúan en función de intereses geopolíticos extranjeros, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y las relaciones internacionales de nuestro país.
Alertamos que, la admisión en el sistema internacional de esta aberración jurídica puede significar la utilización de la Interpol por parte de un Estado que, sin un interés legítimo y debida competencia, pretenda limitar la libertar de un líder político de otra nación soberana a través de su poder judicial, como un modo de persecución y ataque, lo que llevaría a la destrucción del orden de coexistencia pacífica y respetuosa de la soberanía entre las naciones, tan alterado ya en los tiempos actuales.
Hacemos notar también que se trata del mismo poder judicial que es el responsable de las represiones contra manifestaciones pacíficas de jubilados y jubiladas y demás protestas ciudadanas ordenadas, justamente, por Waldo Wolf (actual Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) quien, a su vez, es el impulsor de esta burda acción judicial contra Venezuela, iniciada por una fundación de origen estadounidense (Fundación Clooney para la Justicia), con financiamiento de empresas trasnacionales y fundaciones del mismo origen.
Por último, queremos dejar sentado que las actuales violaciones a todos los derechos humanos de la población argentina por parte de las decisiones gubernamentales y el vaciamiento de las políticas públicas que garantizan esos derechos, causando hambre -al tiempo que se guardan de manera perversa los alimentos en depósitos y los dejan vencer-, desocupación, estragos en la salud y otras penurias, no serían posibles sin un desprestigiado poder judicial permisivo que no solo encubre la injusticia social desplegada en nuestro país, sino que pretende ser cómplice del injerencismo, golpismo y guerra jurídica contra el pueblo de Venezuela.
Por todo ello, quienes firmamos esta carta queremos alertar a la comunidad internacional sobre este ataque a las más altas investiduras del gobierno bolivariano y solicitar su apoyo para frustrar este nuevo acto de injerencismo internacional.
Firman esta solicitud:
- Ana María Careaga Directora Instituto Espacio para la Memoria
- Stella Calloni Instituto Espacio para la Memoria / REDH
- Atilio Boron REDH / UNDAV
- Claudia Viviana Rocca Vicepresidenta de la Asociación Americana de juristas/Presidenta de la Asociación Argentina de Juristas
- Oscar Laborde – exembajador en Venezuela- Director Instituto de Investigaciones de América Latina (IDEAL).
- Andrea Vlahusic Secretaria General/Asociación Argentina de Juristas
- Alicia Castro ex embajadora de Argentina en Venezuela y Reino Unido
- Paula Klachko Coordinadora Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) Argentina / UNDAV / UNPAZ
- Hugo Cachorro Godoy CTA Autónoma
- Daniel Catalano ATE Capital
- Carlos Raimundi OPEIR Y PARTIDO FRENTE GRANDE
- Carlos Tomada – ex embajador en Mexico
- Ariel Basteiro – exembajador ante el Estado plurinacional de Bolivia, dirigente Sindical CTA, Dirigente Frente Grande.
- Juliana Marino Diputada (MC) / REDH
- Matías Fachal Federación Judicial Argentina
- Federico Giuliani Secretario General de ATE y CTA Córdoba
- Julio Fuentes Presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE)
- María Lucrecia Hernández Sures. Estudios y defensa en derechos humanos
- Tamara Lajtman Observatorio Lawfare /REDH
- Juan Falú Músico
- Héctor Diaz-Polanco Diputado del Congreso de la Ciudad de México
- Gabriela Rivadeneira presidenta IDEAL
- Rafael Bielsa – ex Canciller argentino
- Jorge Kreyness – secretario general Partido Comunista de la Argentina
- Eduardo S. Barcesat- Jurista.
- Gaston Harispe – secretario general Movimiento Octubres – Diputado Nacional (MC) – Diputado PARLASUR.
- Gustavo Ramón Muñoz – Movimiento Territorial de Liberación (MTL)
- Jorge Drkos – Frente Transversal , Senador (MC).
- Araceli Ferreira- Diputada Nacional (MC) – Militante feminista.
- Edgardo Depetri – Diputado Nacional (MC)-Dirigente Nacional CTA-A
- Benigno López – Frente Nacional Campesino
- Marcelo Coria – Frente Nacional Campesino
- Andrés Bercum – secretario de RRII Descamisados
- Cecilia Arregues – Subsecretaria Territorial CTA-T.
Paula Giménez NODAL /REDH
Matías Caciabue CLAE NODAL
Carlos López López – presidente del Observatorio de Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (OPEIR).
Eduardo Sigal – Frente Grande.
Maria Fernanda Pereyra – Corriente “Nuestra Patria”.
Rocco Carbone – filosofo.
Paola Gallo Mopassol / REDH
Claudio Katz UBA CONICET
Daniel Devita Redh Argentina
Alejandra Outeda CNP Capital.
Javier Juárez – CNP Capital.
Marcelo Duhalde- periodista.
Rodrigo De Echeandia – ASOC. CIVIL Tesis 11. –
Claudio Orellano – Comunicador Popular.
Tomas Perez Bodria – Abogado.
Jorge Barone – Asambleas Populares Tierra – Vivienda y Trabajo.
Osvaldo Daniel Ortemberg – abogado- Miembro del Instituto Patria.
Patricio Falabella – Lic. Ciencias Políticas.
Alejandro Crivisqui – periodista.
Pablo Enrique Codina
Pascual Manganiello- Agrup. “Jorge Di Pascuale”- Sindicato de farmacia.
Carlos Aznárez, periodista, Resumen Latinoamericano.
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