Los gobiernos de la Unión Europea no pueden elegir si ejecutan o no las órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por ser los principales responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, donde han asesinado a más de 44.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños.
Así lo dejó en claro Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en momentos en que un grupo de funcionarios alemanes sugirieron que su país no acataría el fallo de la CPI debido “a la historia nazi de Alemania”.
“Los Estados que firmaron la Convención de Roma están obligados a aplicar la decisión del tribunal. No es opcional”, expuso Borrell durante una visita a Chipre para un taller de activistas por la paz israelíes y palestinos.
Mientras, el senador estadounidense Lindsey Graham amenazó a Canadá, Gran Bretaña, Alemania y Francia con “sanciones si tratan de ayudar a la CPI”, y remarcó que Estados Unidos tendrá que “devastar la economía” de aquellos países que cumplan la orden del tribunal internacional.
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