na joven y su progenitora pasaron por un momento desagradable debido a la actitud agresiva que asumió su vecino luego de una discusión con ellas. El hombre les cortó el cableado de internet y de electricidad, por lo que se vieron en la obligación de acudir a la sala de mediación y resolución de conflictos de la parroquia Santa Teresa en Caracas.
Landis Traviezo, oficial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Cpnb), contó a Últimas Noticias que el conflicto vecinal amenazaba con escalar y afectaba la convivencia en la comunidad de Castán a Piedra. Los gritos por las peleas entre los involucrados alertaron a los vecinos y es entonces cuando personas allegadas a las perjudicadas les recomendaron dirigirse a la sede de la Policía Comunal, ubicada en la estación Teatros del Metro de Caracas en la referida localidad capitalina.
Un día domingo, ambas mujeres se presentaron, en calidad de solicitantes, al servicio que presta el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, donde les atendió Traviezo. El oficial dijo que la muchacha y su mamá denunciaron que su vecino dañó el cableado eléctrico y de internet de su vivienda, por lo que quedaron con ambos servicios afectados.
Según el testimonio de la hija de la mujer afectada, el individuo en cuestión, no era la primera vez que se comportaba de esa manera, ya que mantenía una conducta agresiva y hostil hacia ellas y su familia. Ante la gravedad de la situación, el organismo de seguridad activó el protocolo establecido para la resolución de conflictos vecinales. Un grupo de oficiales se dirigieron al lugar de los hechos, donde constataron lo relatado por las afectadas.
Procedieron a emitir una boleta de citación al presunto agresor y programaron una sesión de conciliación.
Mediación
Llegado el día fijado para el encuentro, Traviezo, quien actuó como facilitador, promovió el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas. Les brindó una charla sobre las responsabilidades de los vecinos en la convivencia comunitaria.
Posteriormente, continuaron con la conversación que inició con un repaso por los hechos que llevaron a ambas mujeres a denunciar a quien consideraron su agresor.
Tras la exposición, le cedieron la palabra al demandado que acotó que su decisión de dañar los cables fue consecuencia de la rabia que le generó una discusión con la hija de su vecina.
Después de una intensa jornada de negociación, se logró llegar a un acuerdo que fu aceptado por las partes en el conflicto.
Compromiso
El mediador les explicó a los presentes las responsabilidades que debían asumir los involucrados una vez firmada el acta de conciliación, empezando porque debían evitar agredirse física, psicológica y verbalmente. Tampoco podían difamarse y estaba prohibida la persecución, así como involucrar a terceros en el conflicto.
Además, lograron que el vecino accediera voluntariamente a reparar los daños ocasionados. No solo eso, también se comprometió a asumir los gastos derivados de la reparación del cableado, demostrando así su disposición a enmendar sus acciones.
El mismo día, el servicio eléctrico y de internet fue restablecido en la vivienda de las denunciantes.
Una vez aclarados los puntos del acuerdo, las partes firmaron el documento dejando constancia de la aceptación de lo establecido. Por lo tanto, si se llegara a violar el compromiso, podría remitirse el caso a instancias mayores.
Traviezo señaló que el Servicio de Policía Comunal se comprometió con hacerle seguimiento a los avances del proceso de conciliación, y alertó que, si las afectadas denuncian nuevamente a su vecino, se tomarían acciones de peso legal.
Normativas
Este resultado positivo fue posible gracias a la aplicación de las normas de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana para el Civismo y la Justicia de Paz Comunal del municipio Libertador de Caracas, en cuyo articulado defiende los valores vecinales. En el artículo 23, define como conductas que afectan las buenas relaciones entre las personas, dañar, atentar, sabotear o afectar por uso indebido el funcionamiento de cualquier servicio público, bien sea de carácter nacional, estadal, municipal o comunal.
Además, que busca priorizar a los grupos vulnerables, entre esos de mujeres, cuando les son irrespetados sus derechos más elementales.
De igual manera, se implementó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ampara a las víctimas de este tipo de situaciones. Para tal fin, en el artículo 4, se hablan de las garantías que tienen las mujeres con independencia de su nacionalidad, origen étnico, religión o cualquier otra condición, para disponer de los mecanismos necesarios para hacer efectivos los derechos a la asistencia social integral y jurídica en situación de violencia de género, una responsabilidad del Estado venezolano
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