Aliados de Trump advierten de “graves consecuencias” por su política arancelaria


Un tribunal federal dictaminó el miércoles que el presidente Trump no tiene autoridad bajo la legislación de emergencia económica para imponer aranceles globales generalizados .

El fallo del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos podría frenar por completo la guerra comercial del gobierno. Al bloquear por completo la mayoría de las categorías de aranceles, el tribunal eliminó efectivamente la mayor parte del régimen implementado por Trump desde que asumió el cargo.

«Las órdenes arancelarias impugnadas serán anuladas y su aplicación suspendida permanentemente», escribió el tribunal.

 El tribunal, al fallar en dos casos separados, emitió una sentencia sumaria que anuló todos los aranceles que Trump impuso bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional o IEEPA, refiere AXIOS.

Trump utilizó la ley de 1977, que nunca antes había sido invocada en una situación arancelaria, para imponer unilateralmente amplios gravámenes comerciales en todo el mundo.

Los dos grupos de demandantes —empresas y estados— presentaron una demanda con el argumento de que las órdenes del presidente violaban la concesión de autoridad constitucional al Congreso sobre los derechos de importación, lo que posteriormente Trump, apeló.

Ampliar: «La cuestión en los dos casos ante el tribunal es si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 («IEEPA») delega estos poderes al Presidente en forma de autoridad para imponer aranceles ilimitados a los bienes de casi todos los países del mundo», escribió el panel de tres jueces.

«El tribunal no interpreta que la IEEPA confiere tal autoridad ilimitada y deja sin efecto las tarifas impugnadas impuestas en virtud de ella».

Los aranceles impuestos bajo una autoridad legal diferente llamada Sección 232 —incluidas las importaciones de automóviles, acero y aluminio— no se ven afectados por el fallo.

Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en en respuesta al fallo que «No les corresponde a los jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional».

Por otra part, el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield (demócrata), cuya oficina lidera la demanda de los estados, dijo en una declaración que presentaron el caso «porque la Constitución no le da a ningún presidente autoridad ilimitada para trastocar la economía».

Consideró que el fallo «reafirma que nuestras leyes importan y que las decisiones comerciales no pueden tomarse por capricho del presidente», añadió.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien se unió a la demanda, dijo en una declaración que la ley deja claro que «ningún presidente tiene el poder de aumentar los impuestos por sí solo» cuando quiera.

«Estos aranceles representan un aumento masivo de impuestos para las familias trabajadoras y las empresas estadounidenses que, de haberse permitido que continuaran, habrían provocado más inflación, daños económicos a empresas de todos los tamaños y pérdida de empleos en todo el país», afirmó.

Sin embargo, advierten que con productos gravados que llegan a los puertos estadounidenses todos los días, la confusión sobre lo que está vigente y lo que se debe cobrar podría sumir las importaciones en el caos.


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