Organizaciones sociales, familiares, personas con discapacidad y profesionales de todo el país protagonizaron este jueves 29 de mayo una Jornada Federal para exigir la sanción urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en medio de una situación crítica que amenaza con desmantelar el sistema de atención, contención y derechos del sector, informó portal de Telesur.
La protesta tuvo epicentros simultáneos en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Santa Fe y Mendoza, y se desarrolló en respuesta al deterioro estructural del acceso a medicamentos, tratamientos, prestaciones y pagos a instituciones, que afecta a miles de personas con discapacidad en todo el país.
“La emergencia ya está instalada en la vida cotidiana: hay medicamentos inaccesibles, prestaciones que se caen, normativas regresivas y valores arancelarios congelados desde hace años”, denunciaron las organizaciones convocantes.
El proyecto de ley, que se tratará en el Congreso el próximo miércoles 4 de junio según anunció el diputado Daniel Arroyo (Partido Unión por la Patria), propone declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2027.
Incluye medidas como la garantía del acceso a salud, educación, trabajo y protección social; la regularización de pagos atrasados y actualización de aranceles; el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad con beneficios para empresas que las contraten; y el fortalecimiento de los servicios básicos y de atención.
La jornada de protesta se vio marcada por el repudio generalizado a declaraciones del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien en una reunión privada con Marlene Spesso, madre del influencer Ian Moche, habría dicho: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado”.
Según Spesso, también afirmó que “los derechos adquiridos no son derechos adquiridos” y cuestionó exenciones como el no pago de peajes para personas con discapacidad. Spagnuolo ya había estado en el centro de la polémica por firmar una resolución oficial que usaba términos como “idiota, imbécil y débil mental”, lo que generó tal escándalo que debió ser revertida
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