Un grupo de migrantes venezolanos denunció haber sido víctimas de detención arbitraria, maltrato físico y psicológico, y condiciones carcelarias inhumanas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), bajo la administración de Nayib Bukele en El Salvador.
Los testimonios presentados en el canal ÚN24 visibilizan la preocupante situación de vulneración de derechos humanos que enfrentaron estos 252 connacionales.
Testimonios que resaltan un patrón de violaciones a los derechos humanos
Los venezolanos, identificados como Moisés Perfecto, Arturo Suárez, Andry Fernández, Pedro Escobar y Alejandro Colina, detallaron el calvario que sufrieron, el cual incluyó la negación del acceso al agua y el sometimiento a torturas psicológicas. Sus testimonios resaltan un patrón de violaciones a los derechos humanos y un trato inhumano que, según denuncian, es sistemático en estos centros penitenciarios.
“La única arma que tuvieron en esos momentos fue, guindar sábanas y amenazar que se iban a ahorcar si les seguían pegando”, relató Arturo Suárez, al tiempo que aseveró cómo a uno de sus compañeros de cárcel “abusaron sexualmente de él”.
“(…) cuando estaba entrando a la Cecot y vi eso así, nos dijeron que era una cárcel de terroristas y que no íbamos a salir nunca y nos íbamos a morir ahí”, añadió Moisés Perfecto.
Esta denuncia pública, basada en relatos directos, reafirma la necesidad urgente de revisar prácticas carcelarias en El Salvador, particularmente cuando involucran a ciudadanos extranjeros sin historial delictivo.
La oposición no hizo nada por nosotros
“La oposición no hizo nada por nosotros, yo tengo entendido que ella (María Corina Machado) es muy amiga de Bukele, pero por qué no lo llamó y les dijo »mira no me los maltrates”, rememoró Suárez.
El caso representa no solo un problema penitenciario, sino una emergencia humanitaria con posibles repercusiones diplomáticas.
La criminalización sin pruebas de ciudadanos extranjeros representa una amenaza al orden legal y a la dignidad humana.
Lo vivido por estos migrantes venezolanos va más allá de una denuncia puntual: se trata de una emergencia humanitaria que demanda atención internacional. La criminalización sin pruebas de ciudadanos extranjeros representa una amenaza al orden legal y a la dignidad humana.
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