Desde la perforación de pozos hasta el manejo de gasoductos nacionales, pasando por la administración de refinerías y el abastecimiento del mercado nacional con derivados del petróleo, la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), bien pudo haber asumido y operado todos los procesos medulares de la industria, una vez concluidas y revertidas, en 1983, las concesiones de las compañías extranjeras.
Creada cinco meses previos, en abril de 1960, a la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por el ideólogo de ambos organismos, el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, la CVP tomó la iniciativa de vigilar y fiscalizar a las transnacionales con una industria petrolera propia, capaz de alcanzar la independencia tecnológica y dotada con capital nacional y visión de mercado.
Los episodios y las realizaciones de la CVP son profusamente descritos por Aníbal Martínez en su prolífico e inagotable texto Cronología del Petróleo Venezolano, donde se aprecia cómo, paso a paso, la compañía va tomando espacios privativos de las grandes petroleras.
Un papel estelar en el vertiginoso desarrollo de la CVP lo tuvo Rubén Sáder Pérez en los años sesenta. “Sader Pérez amó la CVP como si fuera hija suya y, parafraseándolo, se negó a aceptar el papel de intermediario de los grandes consorcios y se entregó a la conquista de metas que pueden asegurarle un desarrollo independiente dentro de un país interesado en obtener y mantener un sincero ejercicio de su soberanía”, señala Al-Shereidah en un artículo que escribió para la revista del Banco Central de Venezuela.
“Fue enorme el desafío de la CVP, las condiciones fueron adversas hasta para la captación de personal nativo entrenado, pues más atractivas eran las condiciones que ofrecían las concesionarias”, acota.
En sus primeros pasos la CVP se lanza a la perforación de pozos en Lamar, en el Zulia, y en la cuenca de Maturín. De inmediato inaugura el gasoducto desde la zuliana Casigua hasta La Fría, en Táchira, para luego, en 1964, asumir la refinería Morón, hoy El Palito, en Carabobo.
El Ejecutivo Nacional le entrega la exploración y producción de las cuencas de Barinas y Portuguesa.
El 29 de diciembre de 1966 inaugura su estación de servicios número 100, mientras impulsa la Asociación de Empresas Petroleras Estatales de América Latina y en esa dirección asiste a una reunión del organismo en Buenos Aires.
En su tarea de vigilancia, la empresa venezolana descubre que las transnacionales habían extraído de los yacimientos contiguos a las áreas dadas en concesión, 80 millones de barriles de petróleo. Le exigió que los revirtieran a la nación.
De allí que su actividad despierta resquemores entre las compañías extranjeras que, como la Creole, se niegan a firmar contrato de servicios con la CVP. Son momentos cuando comienza a discutirse qué hacer con las compañías extranjeras una vez vencidas, en 1983, las concesiones, permisos, dados para operar en Venezuela. Una de las tantas propuestas la expresa en 1967 Manuel Egaña, ministro de Minas e Hidrocarburos: crear empresas mixtas.
La CVP continúa con su labor y exporta 19.000 metros cúbicos de petróleo Boscán desde la terminal de Bajo Grande, en el Zulia, a Inglaterra. Ese año, 1967, el Congreso le otorga la facultad para negociar contratos de servicios en los términos más favorables para la nación. Es cuando el presidente de la empresa colombiana Petroquímica del Atlántico anuncia la construcción de un gasoducto de la CVP desde el Lago de Maracaibo hasta Barranquilla.
Incluso la CVP logra un acuerdo de venta del crudo Boscán a la brasileña Petrobras, a cambio de que ésta le venda caucho sintético, al tiempo que asiste a la reunión de Representantes de Compañías Petroleras estatales de la Opep y exporta petróleo a Yugoslavia.
Tras la búsqueda de diversificar fuentes de tecnología, firma en 1968 un acuerdo de venta con la rumana Industrialexport, por 10 años, de 11 millones de toneladas de petróleo, a cambio de comprar equipos petroleros rumanos. Comienza a producir gasolina para aviones y exporta combustible residual para la Costa Este, de EEUU.
Mientras, en la Venezuela petrolera toma cuerpo la discusión sobre el finiquito a las concesiones previstas para 1983. En julio de 1971, el entonces diputado por el Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, Álvaro Silva Calderón, introduce en el Congreso Nacional la Ley de Bienes Afectos a Reversión, con el objetivo de frenar el intencional deterioro y hurto de activos y garantizar la continuidad y eficiencia de la actividad petrolera, una vez finalizados los permisos dados a las compañías extranjeras.
El proyecto genera una fuerte polémica y finalmente es promulgado, cuando ni siquiera se hablaba de nacionalización, causando el rechazo y la acción conjunta, en agosto de ese año, de las compañías extranjeras, entre las cuales se encontraban Shell, Creole, Mene Grande, que introducen demandas frustradas de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. “Esa Ley fue el detonante de la nacionalización petrolera”, recuerda Calderón.
Pocos días después Caldera promulga la ley que reserva al estado la industria del gqqas. Señala que su explotación solo se hará por intermedio de la CVP y que las concesionarias deberán entregar a la nación, sin costo alguno, el gas no usado en sus operaciones. En 1972 el secretario de Estado de EEUU amenaza que Venezuela pronto podría dejar de ser abastecedor petrolero seguro de su país.
Tras este desarrollo veloz y mayor al previsto de la CVP, bajo el liderazgo de Rubén Sáder Pérez, surge la pregunta: ¿Por qué no se designó a esta empresa para manejar las nacionalizadas compañías petroleras y, por el contrario, se optó por crear Petróleos de Venezuela, S.A?
Una de las tesis es que las empresas transnacionales buscaban garantizar su permanencia en el país y una de las opciones fue hacer uso y ubicar en cargos de alto nivel de Pdvsa y filiales, el personal profesional venezolano formado gerencial, tecnológica y culturalmente por ellas mismas. Fue una manera, que aún persiste, de estar sin tener presencia explícita en Venezuela.
El profesor Carlos Mandoza Potellá, quien tuvo la suerte de acompañar en sus investigaciones a Juan Pablo Pérez Alfonzo, narra con frecuencia cómo las transnacionales petroleras Creole y Exxon estaban “interesadísimas” en que los gobiernos de Rafael Caldera (1969-1974) y Carlos Andrés Pérez (1974-1979) nacionalizaran la industria petrolera, algo totalmente inconcebible en el péndulo de poder de la Guerra Fría.
“En Venezuela, amparado entonces en la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión aprobada en 1971, el país se preparaba para una reversión total de las concesiones a partir de 1983, cuando vencía el 80% de las mismas”, narra Potellá.
Pero súbito destaca que la estrategia de las corporaciones no permitía esa espera, de suyo onerosa, pues la ley las obligaba a cumplir hasta el final de las concesiones con el mantenimiento operativo de los yacimientos que explotaban.
Fue así como entre septiembre de 1972 y el mismo mes de 1973 se produjeron declaraciones sucesivas de dos presidentes de la Compañía Shell de Venezuela (J.J. de Liefde y Kenneth Wetherell) y el de la Creole Petroleum Corporation (Robert N. Dolph), en las cuales informan de la disposición de sus respectivas casas matrices a un adelanto de la reversión.
En 1974 visitan al país los máximos dirigentes de los consorcios Royal Dutch Shell (Gerrit A. Wagner) y Exxon Corp. (su vicepresidente, el venezolano Siro Vásquez) para expresar su avenimiento a una nacionalización negociada.
Potellá detalla que se trataba de una fórmula precautelativa del capital internacional, ensayada desde los años 60 con el proceso de “venezolanización de la gerencia” y coronada con precisión en agosto de 1975, cuatro meses antes la promulgación de la Ley que Reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos.
“Y así, en agosto de 1975 las mismas concesionarias designaron de su seno a quienes asumirían el primero de enero de 1976 la gerencia petrolera venezolana: el entonces presidente de la Compañía Shell de Venezuela se convirtió en presidente de la “Operadora Nacionalizada” Maraven. El vicepresidente de la Creole Petroleum Corporación, filial venezolana de la Standard Oil-Exxon se transmutó en presidente de Lagoven, otra “operadora nacionalizada”.
El mismo esquema se repitió once veces con los gerentes de las demás filiales transnacionales, travestidos en gerentes de empresas estatales, un tipo de empresa que ellos habían enfrentado y ridiculizado durante décadas.
Además, cada una de esas nuevas operadoras contaba, de acuerdo con el avenimiento, con un contrato de asistencia técnica que garantizaba la presencia de su antigua casa matriz en todos los negocios futuros. (cambio de patrón de refinación, desarrollo de la Faja del Orinoco, proyectos gasíferos costa afuera, control de siniestros, suministro de equipos, aditivos, partes y piezas).
Es decir, las transnacionales se fueron, pero se quedaron con contratos de asistencia técnica, sus equipos directivos y prácticas de cultura política corporativa, dentro de las cuales ocupaba especial atención el ejercicio del lobby y la manipulación de la opinión pública contra líderes políticos que no acataran sus designios.
Es así como de ser la CVP una empresa estatal forjada para ser la industria venezolana de hidrocarburos, terminó minusvalorada y reducida a filial de Pdvsa.
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