En la parroquia El Valle una casa familiar fue durante años escenario de gritos y agresiones que involucró a tres personas; la afectada, una adulta mayor de 85 años, denunció a su hija de 62 y a su nieto de 43 porque estaba cansada del maltrato físico y verbal del cual era víctima bajo su propio techo.
Armando Figueroa, funcionario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y coordinador de la Oficina de Atención del Servicio de Policía Comunal de la referida parroquia, contó a Últimas Noticias que el caso llegó a la sala de resolución de conflictos en la voz de la víctima. La octogenaria acudió a las autoridades para denunciar a su propia hija que protegía a su nieto. Este hombre siempre llegaba alcoholizado o bajo efectos de sustancias ilícitas a la casa, además, formaba pleitos y las agredía. “Era un caso que nos preocupó profundamente desde el primer momento porque había dos adultas mayores en una situación de extrema vulnerabilidad”, explicó el funcionario.
La perjudicada contó que en varias oportunidades su hija la intentó lesionar físicamente empujándola. Aseguró que el conflicto entre ellas era por la mala conducta de su nieto que empeoraba por su adicción y el alcoholismo.
Frente a esa situación, Figueroa citó a los implicados a una reunión con el fin de darles a conocer las leyes y normativas que estaban infringiendo al someter a violencia física y verbal a una mujer adulta mayor. Para el proceso, también convocó a funcionarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inas).
Mediación. En la sala de resolución de conflictos se encontraron las tres personas con el oficial Figueroa. Antes de iniciar la conversación, este puso sobre la mesa los puntos a tratar. Acotó que lo primordial era garantizar la no violencia en la casa en la que viven dos mujeres de tercera edad.
Afirmó que al dialogar con el nieto de la denunciante comprendió la complejidad del entorno, donde el alcoholismo, la droga y la violencia eran constantes. Señaló que, tras indagar en el pasado del grupo familiar, “entendimos que esto era una enfermedad y una disfuncionalidad de años; no podíamos simplemente etiquetar”, dijo. Por ello, la intervención del Inas fue clave, ya que la trabajadora social de dicha institución brindó la asistencia técnica para tratar a ambas mujeres.
Durante la audiencia, salieron a la luz los detalles que alimentaban el conflicto. La afectada reveló que su nieto se robaba los enseres del hogar y el poco dinero que tenía guardado para costear su consumo. Esas acciones provocaban el clima de tensión porque mientras la señora exigía la salida de su nieto de la casa, su hija se negaba. Aquella situación enfurecía a la denunciante y, en respuesta, recibía maltratos.
“Había una resistencia inicial, especialmente por parte de la madre del hombre, a aceptar la magnitud del problema de su hijo”, comentó Figueroa. Sin embargo, la mediación se enfocó en hacer entender a los implicados que la integridad física de la abuela no era negociable.
La presencia policial y el acompañamiento del Inas permitieron que, por primera vez, los miembros de la familia conversaran sin recurrir a la violencia. El hijo reconoció su adicción y la madre aceptó que su comportamiento hacia la abuela violaba leyes nacionales.
Compromisos. El resultado de este proceso de mediación fue, en palabras del funcionario Figueroa, “altamente satisfactorio”. Culminó en una serie de acuerdos legales fijados en un acta de conciliación.
El compromiso más significativo fue la aceptación voluntaria del acusado de ingresar a un centro de rehabilitación. Gracias a las gestiones de la Policía Comunal y el Inas, se logró un cupo en un centro especializado ubicado en el estado La Guaira, hacia donde fue trasladado para iniciar su proceso de recuperación.
Por otro lado, la hija se comprometió a evitar cualquier tipo de agresión física o verbal contra su madre y aceptó someterse a terapia psicológica, a través del Inas, para tratar el origen de su conducta violenta y aprender herramientas de cuidado y respeto. Entretanto, la Policía Comunal asumió, como parte de sus responsabilidades, hacer seguimiento al caso para prevenir una conducta indeseada.
Normativas. Para Figueroa las metas se alcanzaron gracias al cumplimiento de una serie de normativas que regulan en el ámbito de la violencia hacia personas vulnerables.
La Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Civismo y Justicia de Paz Comunal del Municipio Libertador en Caracas establece en su artículo 14 que uno de los deberes de solidaridad social que tiene todo ciudadano es colaborar en la ejecución de políticas públicas destinadas a la inclusión, el respeto a la dignidad humana y la protección social de grupos vulnerables, especialmente en lo referente a niñas, niños o adolescentes, mujeres, adultas y adultos mayores, personas con alguna discapacidad y personas en situación de calle.
Ordenanza
Apoyo. La Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Civismo y Justicia de Paz Comunal del Municipio Libertador en Caracas dispone de deberes sociales como prestar el apoyo a las niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos mayores o con discapacidad para su movilidad segura, ante situaciones de dificultad, peligro o riesgo.
Denuncia. El artículo 14 incluye el cómo deber denunciar ante las autoridades cualquier tipo de situación de violencia, que implique maltrato físico, psicológico o verbal contra cualquier persona, sin discriminación alguna, entre otros actos que atenten contra el respeto, la integridad, el civismo y la paz de la comunidad,
Seguridad ciudadana. En el artículo 11 de la normativa se define como la acción integrada que desarrolla el Estado en corresponsabilidad con la ciudadanía, para asegurar y proteger la convivencia, la mitigación de riesgo, la prevención del delito, el desarrollo pacífico, el orden público, civil y democrático mediante la erradicación de la violencia.
Atribuciones. La oficina de convivencia debe coordinar con instituciones en materia de protección de personas en situación de riesgo que atente contra su vida con la violencia en cualquiera de sus formas.
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