El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, presentó el proyecto de acuerdo durante su alocución transmitida por el canal estatal VTV. Infante destacó que Citgo es el “séptimo complejo refinador más grande” en Estados Unidos, con alrededor de 4.200 estaciones de servicio, un valor estimado de 12 mil millones de dólares y utilidades anuales entre 4 y 5 mil millones de dólares
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes un proyecto de acuerdo en “repudio al expolio de Citgo por parte del gobierno estadounidense y sectores de la derecha”, en el que se incluye, entre otros puntos, un exhorto al Ejecutivo para retirar la nacionalidad a los dirigentes políticos Juan Guaidó, Dinorah Figuera, Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández y Horacio Medina, a quienes señala como los “principales cabecillas del robo” de la filial de Pdvsa en Estados Unidos.
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, presentó el proyecto de acuerdo durante su alocución transmitida por el canal estatal VTV. Infante destacó que Citgo es el “séptimo complejo refinador más grande” en Estados Unidos, con alrededor de 4.200 estaciones de servicio, un valor estimado de 12 mil millones de dólares y utilidades anuales entre 4 y 5 mil millones de dólares.
“Podría ser un recurso a favor de nuestro pueblo, para invertirlo en protección social, economía y crecimiento”, afirmó Infante, quien calificó la venta de Citgo como “forzosa” y acusó a Estados Unidos de “no respetar el derecho económico ni el derecho a la propiedad”.
El diputado subrayó que “el mundo debe saber que Estados Unidos, si lo desea, puede apropiarse de una empresa venezolana en su territorio y, al mismo tiempo, negar a Venezuela el derecho de recuperar su bien”.
Infante informó que la investigación realizada por una comisión especial de la AN identificó a 351 personas vinculadas al “robo de Citgo”, entre ellas 94 parlamentarios de la Asamblea Nacional de 2015, 108 funcionarios que participaron en juntas ad hoc de Citgo, PDV Holding, Pdvsa y el Banco Central de Venezuela, así como 149 miembros de ONG que, según dijo, “aún reciben financiamiento a través de la fundación Simón Bolívar”.
“Ellos tienen que asumir la responsabilidad ante el país. Nosotros activaremos las reuniones de trabajo, las conversaciones y todos los mecanismos jurídicos legales nacionales para que cada uno de estos 351 responsables paguen ante la justicia venezolana, y que el pueblo sepa quiénes son todos ellos, con nombre y apellido”, sostuvo.
Infante reiteró que el Gobierno actuará “desde el marco legal nacional e internacional para defender nuestra propiedad, como es la empresa Citgo”, y aseguró que Venezuela protegerá sus derechos sobre la filial “con honor, coraje, valentía y unidad nacional”.
Contenido del proyecto de acuerdo
La AN consideró que la acción judicial sobre Citgo “constituye una abierta transgresión del derecho internacional público y de las normas que regulan la convivencia pacífica y el respeto a la soberanía de los Estados, configurándose como un acto de delincuencia organizada internacional”.
Señala que el proceso se caracterizó por “exclusión, indefensión y violación de las garantías judiciales del Estado venezolano, único propietario legítimo del activo”, y que representa “una nueva agresión económica de carácter imperialista, destinada a despojar al pueblo venezolano de un activo vital para su desarrollo y bienestar social, sumándose a la escalada de agresión militar que busca, sin éxito, desestabilizar la paz y la estabilidad del país”.
El acuerdo rechaza “de manera categórica y enérgica” el proceso de “expoliación” y llama a declarar “nula e írrita” cualquier decisión judicial o administrativa de tribunales o entidades estadounidenses sobre Citgo, así como a “no reconocer otro propietario que no sea Venezuela”.
Asimismo, exhorta a denunciar los hechos ante foros internacionales “serios y competentes” y exigir la “inmediata restitución del control total” de la empresa a sus “autoridades legítimas”. También respalda las acciones del Ejecutivo para “detener y castigar a los responsables de este despojo”.
El proyecto incluye además un exhorto al Ministerio Público, a la Procuraduría General y demás instancias pertinentes a profundizar las investigaciones y aplicar la Ley de Extinción de Dominio, la Ley Orgánica Simón Bolívar y todas las leyes nacionales e internacionales pertinentes contra quienes hayan facilitado este “expolio”.
Durante la discusión del acuerdo, la diputada Iris Varela pidió publicar la cantidad de bienes registrados en Venezuela de los presuntos responsables y que sean confiscados conforme a la Ley Orgánica Simón Bolívar. También sugirió enviar una alerta internacional para que empresas públicas o privadas interesadas en Citgo sepan que Venezuela actuará ante instancias internacionales para evitar el “usufructo de un bien de origen ilícito”.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, propuso incorporar un exhorto al Ejecutivo para constatar el retiro de la nacionalidad a Hernández, Figuera, Vecchio, Guaidó y Medina, a quienes acusó de ser los “principales cabecillas del gigantesco robo de Citgo”. Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad al final de la discusión.
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