Bolivia se prepara para una histórica segunda vuelta presidencial este domingo 19 de octubre, pero lejos de celebrarse como una fiesta democrática, el proceso electoral se vive con creciente desilusión. Los ciudadanos deberán elegir entre dos opciones que, para muchos, representan lo malo y lo peor: el senador centrista Rodrigo Paz y el expresidente conservador Jorge «Tuto» Quiroga, ambos envueltos en polémicas y acusaciones que han eclipsado cualquier debate serio sobre el futuro del país.
La contienda, que se definirá por primera vez mediante balotaje desde la reforma constitucional de 2009, se da tras el fin de un ciclo de 20 años de gobiernos de izquierda liderados por el Movimiento al Socialismo (MAS), que impulsó políticas de redistribución, nacionalización y fortalecimiento del Estado. Sin embargo, los dos candidatos en disputa coinciden en desmantelar ese modelo, proponiendo achicar el Estado y abrir las puertas a organismos como el FMI.
Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo el 32,06 % en la primera vuelta, mientras que Quiroga, de la alianza Libre, alcanzó el 26,70 %. Ambos han prometido soluciones inmediatas a la crisis económica, pero sus propuestas han sido criticadas por falta de sustento y por favorecer intereses privados.
Más preocupante aún es el perfil de sus compañeros de fórmula. Edman Lara, candidato a la vicepresidencia por el PDC, ha protagonizado una serie de escándalos por sus declaraciones ofensivas y confrontativas. Desde comparar la corrupción con el cáncer hasta insultar a Quiroga en redes sociales, su retórica ha sido calificada como agresiva y poco ética.
Por su parte, Juan Pablo Velasco, aspirante a la vicepresidencia por Libre, ha sido acusado de racismo tras la difusión de antiguos tuits en los que se refería de forma despectiva a los habitantes del occidente del país. Aunque ha intentado desmarcarse de esas publicaciones, el daño a su imagen ya está hecho.
La campaña ha estado marcada por la «guerra sucia», con acusaciones cruzadas sobre vínculos con casos de corrupción, como el extinto Banco Fassil, y por el uso de redes sociales para desinformar y atacar a adversarios. En este clima, el debate sobre políticas públicas ha quedado relegado, y el electorado se enfrenta a una elección sin entusiasmo, donde los valores democráticos parecen estar en segundo plano.
Mientras tanto, sectores progresistas y movimientos sociales alertan sobre el retroceso que implicaría cualquiera de las dos opciones, y lamentan que los avances en inclusión, soberanía económica y derechos sociales impulsados por el MAS hayan sido desdibujados en el discurso dominante.
Este domingo, Bolivia no solo elegirá a su próximo presidente: también pondrá a prueba su capacidad de resistir el retorno de políticas excluyentes y el debilitamiento del Estado. Para muchos, el voto será menos una elección que un acto de resistencia.
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