México, como siempre, dando la talla. Con su postura firme e histórica hoy como ayer, no justificó el acto criminal y lesivo contra el Derecho Internacional y contra la soberanía nacional venezolana cometido por la bestia cavernaria.
En su posicionamiento del 5 de enero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó la agresión militar gringa, posible puerta al infierno para la legitimación de todos los posibles desmanes de potencias hambrientas contra países en desventajas defensivas.
La primera mandataria mexicana señaló que en los antecedentes históricos nuestroamericanos, la acción de fuerza “nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, ni estabilidad duradera”. También afirmó que “solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno.”
Argumentó la líder del lar lindo y querido que su rotunda decisión es cónsona con el texto constitucional de su país, pero que además se corresponde con la Carta de las Naciones Unidas, que “establece de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los Estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación.”
Reiteró la dirigente mexicana que cada “nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social, sin presiones externas”; recordando las lapidarias palabras de Benito Juárez, para quien “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
En este sentido, tanto el embajador Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la ONU, como Alejandro Encinas, su homólogo ante la OEA, en concordancia con el relacionamiento respetuoso y razonable de la Patria de Hidalgo y Morelos, apelaron a lo mejor de un pensamiento garante de la independencia y la armonía de nuestras gentes.
Vasconcelos y Encinas, respectivamente, dejaron claro sus propósitos de facilitar conversaciones contra la guerra y la muerte. De allí sus emplazamientos “a desescalar las tensiones, promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.
Así se dio magistralmente una muestra de coherencia con la premisa rectora de la conocida Doctrina Estrada, de septiembre de 1930, sello indeleble de la vocación internacionalista del Estado norteño, y que reza que “El gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.
En este enero de arremetida imperialista, México reprobó el ataque asesino de Donald Trump, apegándose a su tradición no intervencionista, y reconociendo la voluntad suprema del pueblo venezolano en una de sus horas más aciagas.
¡Bravo!
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