Desde el pasado jueves 23 de enero del 2025 circula en las redes y en noticieros internacionales una información según la cual “el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), filial del Banco Mundial, falló el 22 de enero contra Venezuela y ratificó el monto de la indemnización que debe recibir ConocoPhillips” (Bloomberg Línea).
Pero al contrario de lo dicho por las agencias internacionales y reproducido por las redes sociales, el Ciadi no falló ni resolvió nada nuevo contra la República Bolivariana de Venezuela, por la sencilla razón de que la Patria de Bolívar no introdujo recurso de nulidad alguno ante esa instancia jurídica internacional encargada de normar las inversiones internacionales.
El hecho concreto es que efectivamente sí se introdujo ante el Ciadi un recurso de nulidad, pero tal acción no fue ejecutada por la República Bolivariana de Venezuela; fue ejercida por el falso procurador José Ignacio Hernández, nombrado ilegal e ilegítimamente para ejercer la supuesta función de actuar a nombre de Venezuela por el autoproclamado Juan Guaidó, frustrada actuación que se anota entre las tantas usurpadas funciones propias del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Desde 2019 existe un laudo arbitral del Ciadi, según el cual la República Bolivariana de Venezuela debe pagar las inversiones realizadas por ConocoPhillips, que rondan el orden de los 8.700 millones de dólares, por concepto de las indemnizaciones derivadas de los distintos proyectos en los cuales la petrolera participó durante la apertura petrolera realizada en la década de 90.
Las indemnizaciones surgen de la nacionalización emprendida en 2007 por el Gobierno Bolivariano, que dio lugar a la creación de empresas mixtas con las compañías incluidas en los convenios de asociación estratégica emprendidos en la Faja Petrolífera del Orinoco. La empresa petrolera estadounidense se negó a participar en el nuevo esquema jurídico de migración a empresas mixtas y exigió a cambio que le resarcieran las inversiones realizadas.
Un análisis del portal Misión Verdad apunta que los convenios de asociación originados durante la Apertura Petrolera no solo limitaban la capacidad del Estado para imponer gravámenes, sino que permitían a las compañías petroleras maximizar sus ganancias a costa de las arcas públicas.
“Como señala el experto en derecho Muthucumaraswamy Sornarajah, gravar las ganancias extraordinarias no puede considerarse una expropiación, ya que se trata de un acto legítimo de soberanía fiscal que busca garantizar que la riqueza generada por la explotación de los recursos naturales sea distribuida de manera equitativa en la nación que los posee”, dice la web.
Mientras las compañías estadounidenses petroleras Chevron, la francesa Total y la noruega Statoil aceptaron las nuevas condiciones, ConocoPhillips y ExxonMobil las rechazaron, lo cual generó una serie de disputas legales que desembocaron en arbitrajes y largos litigios internacionales dirimidos en tribunales de Estados Unidos, Holanda, Trinidad y Tobago, Curazao, Portugal e Inglaterra.
La negativa de estas empresas a migrar a las nuevas empresas mixtas y con ello ver reducida su participación accionaria que detentaban en los proyectos petrolíferos de la Faja, con los extinguidos nombres Petrozuata, Hamaca y Corocoro, las llevó a revertir, entregar, sus participaciones al Estado venezolano, quien a través de Pdvsa, específicamente de su filial Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), reasignó sus partes accionarias para asegurar la continuidad operacional de la producción.
No obstante, la insistencia de ConocoPhillips en ignorar este principio básico de soberanía condujo a que la disputa se extendiera a diferentes instancias mundiales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde un tribunal de tres jueces emitió en 2013 una decisión que, si bien reconocía algunos derechos de la empresa, también respaldaba el derecho de la República Bolivariana de Venezuela a establecer un régimen fiscal favorable a sus intereses.
Tras una secuencia de decisiones, el laudo arbitral de 2019, un laudo arbitral ante el Ciadi que determina el pago de 8.700 millones de dólares por parte de la República Bolivariana de Venezuela, el cual no se ha podido honrar, entre otros motivos, por causa de los impedimentos que generan las medidas coercitivas ilegales impuestas por EEUU.
En todo caso, la postura de la empresa transnacional ha sido siempre rechazar cualquier intento de negociación que implique una reducción del control que ostentaban sobre los recursos venezolanos en periodos gubernamentales del pasado. A esto se une la imposibilidad de la República Bolivariana de Venezuela de pagar sus obligaciones por no poder acceder al sistema bancario, sistema Swift, por las medidas coercitivas unilaterales. No puede acceder a sus fondos para honrar dichas obligaciones.
Ahora bien, las noticias echadas por Guaidó y Hernández a través de las agencias y redes buscan tergiversar la información para hacer creer que la reciente decisión del Ciadi revela una acción fallida de la República Bolivariana de Venezuela que cierra cualquier vía legal posible para que el país cumpla con su responsabilidad.
¿Quién es José Ignacio Hernández? El 28 de enero de 2019, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los EEUU ceden el control de la filial Citgo Holding, Inc y de cuentas bancarias del Estado venezolano en su territorio al llamado “Gobierno de transición”, encabezado por el exdiputado de la Asamblea Nacional por el estado La Guaira, Juan Guaidó.
La medida significó hacer uso de Guaidó para impedir al procurador general de la República Bolivariana de Venezuela y a su equipo ejercer la defensa de los activos de la nación en los tribunales de Estados Unidos. “Si le hubieran permitido hacer su trabajo, no hubiese ocurrido esta aberración jurídica Citgo”, dijo en su momento el excanciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza.
“Venezuela ha denunciado el gravísimo hecho de que el abogado que en forma fraudulenta pretende representar a la República Bolivariana de Venezuela (José Ignacio Hernández), en realidad ha trabajado como asesor jurídico de la empresa minera canadiense Crystallex, y es quien ha impulsado la tesis según la cual se pretende confundir como uno solo el patrimonio de la República y el patrimonio de Pdvsa”, explica un informe del comisario de Pdvsa.
Crystallex busca adueñarse de Citgo usando la doctrina del Alter Ego para así cobrar 1.200 millones de dólares que supuestamente le debe la República Bolivariana de Venezuela por haber expropiado la mina aurífera Las Cristinas, que era manejada por esta empresa. Pero sucede que ni Citgo, ni la firma que la maneja, PDV Holding, ni Pdvsa son deudoras de Crystallex.
“La apropiación ilícita de Citgo ha sido fraguada bajo instrucciones del exdiputado Juan Guaidó y ejecutada por quien fuera abogado de Crystallex, José Ignacio Hernández, aliado y contratado por Guaidó para facilitar la entrega del patrimonio del pueblo venezolano a potencias extranjeras, mediante un gigantesco fraude procesal que atenta contra el orden constitucional venezolano”, denuncia Arreaza.
En su defensa, Hernández, al ser entrevistado por el portal informativo Petroguía, responde: “Cuando mi nombre empieza a sonar como procurador (de Guaidó), yo hablo con el exembajador Carlos Vecchio (también de Guaidó), quien era mi contacto diario, y le preparo un memo en el que le informo que hasta diciembre de 2018 yo fui socio de un escritorio jurídico (que trabajó para Crystallex). Luego me separé y le dije de los casos que yo conocía y que había sido testigo independiente en casos que son problemáticos, como es el de Crystallex.
Citgo tiene en EEUU las refinerías de Lake Charles en Louisiana, Corpus Christi en Texas y Lemont en Illinois; complejo de poliductos, entre otros activos, con un valor superior a los 10 mil millones de dólares. En conjunto, las refinerías tienen una capacidad para refinar 807.000 barriles de crudo a diario.
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