En el sector Las Malvinas de la parroquia El Valle, las tensiones surgieron en una comunidad debido a que una vecina impedía a 30 familias el acceso a una toma de agua potable, dejándolas por varios meses sin el vital líquido.
Armando Figueroa, inspector jefe del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (Cpnb) y coordinador del Servicio de Policía Comunal de la referida localidad caraqueña, contó a Últimas Noticias que un vocero del consejo comunal de la comunidad afectada llegó a la sala de mediación representando a los perjudicados, con la intención de mediar y buscar una solución pacífica al conflicto.
Durante su testimonio, la persona indicó que las familias solicitantes, la mayoría conformada por niños y niñas, así como por adultos y adultas mayores, tenían que comprar agua a los camiones cisternas o esperar la atención de los entes públicos para poder disfrutar del servicio básico. Señaló que, aunque solicitaron en varias ocasiones y por vías diferentes el acceso a la toma principal, la propietaria de la vivienda en la que se encuentra la tubería se negó.
El hecho alertó a los funcionarios policiales que, ante la preocupación del vocero comunitario, se presentaron en el sector donde se desarrollaron los acontecimientos y se reunieron con el resto de los miembros del consejo comunal y representantes de la comunidad afectada. El clima se sentía tenso. La idea de los mediadores era darle un enfoque conciliador al proceso, pero para ello necesitaban escuchar la versión de la demandada. Se dirigieron hasta su casa, donde ella los atendió y se logró abrir un espacio para el diálogo en ese mismo lugar.
Mediación
Los presentes escucharon la aclaratoria de la ciudadana, quien dio detalles acerca de los motivos de su decisión. La denunciada aseguró que la tubería a la que querían conectarse sus vecinos la instaló ella en la parte trasera de su casa hace bastante tiempo.
Argumentaba que conectar una nueva tubería a la suya afectaría el sistema de agua que había colocado y probablemente volvería ineficaz el bombeo del vital líquido hacia su vivienda. Además, indicó que podría generarle problemas de inundaciones en su propiedad si la conexión se rompía.
Expresó que entendía la necesidad de sus vecinos, pero se opuso a que llevaran a cabo la instalación de termofusión en ese espacio por los problemas planteados. Posteriormente, voceros de la comunidad afectada reiteraron sus argumentos y preocupaciones en presencia de la demandada y las autoridades.
Los funcionarios del Servicio de Policía Comunal conversaron con la ciudadana y, a través del diálogo, accedió a permitir el montaje de la toma de agua potable y las tuberías necesarias, siempre y cuando se respetaran ciertos acuerdos.
Compromiso
En el encuentro, la fémina pidió al consejo comunal que solo se surtiera de agua a las 30 familias que hicieron la solicitud, porque si se conectaban más viviendas, la distribución podría verse afectada no solo para ella, sino para todos los beneficiarios.
También se acordó que el respeto mutuo sería fundamental para evitar futuros conflictos y garantizar el bienestar de la comunidad. El consejo comunal de Las Malvinas asumió la responsabilidad de supervisar la realización del trabajo. Asimismo, se estableció un compromiso claro: si en algún momento la tubería llegara a romperse, las familias responsables deberían solucionarlo en un plazo no mayor a 48 horas. De esta manera, se buscaba no solo resolver el conflicto inmediato, sino también sentar las bases para una convivencia armónica en el futuro.
Figueroa señaló que la sala de mediación de la cual es coordinador asumió el compromiso de hacer seguimiento al caso. Acotó que este episodio en El Valle es un recordatorio de que, aunque los conflictos entre vecinos pueden ser comunes, la comunicación y el respeto son herramientas clave para encontrar soluciones.
La instalación de la tubería no solo representa un avance en el acceso al agua potable para las 30 familias involucradas, sino también una lección sobre cómo los diálogos abiertos pueden transformar tensiones en acuerdos constructivos.
Normativas
El Servicio de Policía Comunal operó con base en la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal del Municipio Libertador de Caracas, en cuyo artículo cuatro quedan definidas como autoridades competentes en la aplicación de dicha normativa las funcionarias y funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
En este conflicto también respondieron al artículo cinco de la Ley de Aguas de la República Bolivariana de Venezuela, que contempla el acceso al vital líquido como un derecho humano fundamental. Se constituye en esta legislación como un elemento insustituible para la vida, el bienestar humano, el desarrollo social y económico; para la erradicación de la pobreza, por lo que debe ser manejado respetando la unidad del ciclo hidrológico.
La legislación en detalle
Principios y Valores de la Paz Comunal. En el artículo 10 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal del Municipio Libertador definen la defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cogestión, autogestión, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad.
Conciencia Ciudadana. En el artículo 11 se definen como los principios, normas y valores, que rigen a los individuos de una comunidad.
Convivencia Ciudadana. Se encuentra definida en el artículo 11 como toda conducta, actitud cívica, pacífica y armoniosa asumida por una comunidad y sus individuos conforme a la ley, a las normas, a los valores y principios.
Principios de la gestión integral de las aguas. La Ley de Aguas define también que los usuarios contribuirán de forma solidaria con la conservación de la cuenca para garantizar la cantidad y calidad de las aguas en el tiempo. Las aguas por ser bienes del dominio público no podrán formar parte del dominio privado de ninguna persona natural o jurídica.
Dirección. La Policía Comunal está ubicada en la avenida Internacional de El Valle, calle 1.
ultimasnoticias.com.ve
Ver fuente