El expresidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, fue detenido el viernes en la ciudad de Maceió, estado de Alagoas, luego que un juez del Supremo Tribunal Federal ordenara su detención inmediata para cumplir una condena por corrupción.
Según su equipo de defensa, la detención se produjo cuando Collor de Mello se disponía a viajar a Brasilia, capital brasileña, para entregarse a las autoridades.
El exmandatario, que gobernó Brasil entre 1990 y 1992, fue condenado por el máximo tribunal a ocho años y 10 meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero esperaba en libertad el fallo del último de sus recursos.
Los abogados indicaron que Collor de Mello permanece detenido en la Superintendencia de la Policía Federal en Maceió, ciudad donde reside.
En una nota, el Supremo precisó que el magistrado Alexandre De Moraes dictó el pasado jueves el ingreso inmediato en prisión del expresidente, tras rechazar el último recurso del también exsenador y decretó el inicio inmediato de la ejecución de la pena impuesta en mayo de 2023.
Aunque el exmandatario había sido condenado por la máxima instancia judicial, la sentencia nunca llegó a cumplirse porque quedaron pendientes de resolución una serie de apelaciones.
Defensa pide prisión domiciliaria
La defensa del expresidente envió un informe médico al Supremo de Brasil para reiterar que el exmandatario presenta graves comorbilidades y su condición requiere la concesión de prisión domiciliaria.
De acuerdo con el reporte médico, entre las afectaciones que enfrenta Collor de Mello están enfermedad de Parkinson, apnea del sueño severa y trastorno afectivo bipolar, justificando así el cambio de régimen de la sentencia, reseñaron medios locales.
Caso contra Collor de Mello
Collor de Mello fue hallado culpable de participar en una trama de corrupción en la empresa BR Distribuidora, antigua subsidiaria de la petrolera estatal Petrobras.
La sentencia refiere que el exsenador, con la colaboración de dos empresarios, «recibió 20 millones de reales (3,5 millones de dólares) para viabilizar de forma irregular contratos de BR Distribuidora» con una tercera empresa «para la construcción de bases de distribución de combustibles».
El Supremo acotó que las comisiones irregulares fueron realizadas a cambio de «apoyo político para la designación y permanencia de directores de la empresa estatal».
La condena viene de una denuncia presentada por la Fiscalía General de la Nación en 2015, acusándolo de corrupción pasiva, lavado de activos, organización criminal, peculado y obstrucción a la justicia.
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