Con más dudas que certezas, el ataque contra un bote de pequeña eslora admitido por el gobierno de Estados Unidos, abrió un nuevo e innecesario problema contra la administración de Donald Trump, luego de que su gobierno haya decidido guardar un sospechoso silencio sobre la operación en la cual supuestamente fueron asesinadas 11 personas.
Entre bombos y platillos, y con aires de superioridad, tanto Trump, como su secretario de Estado Marco Rubio, anunciaron la operación en la que buques de guerra destruyeron a un pequeño bote con 11 personas a bordo, y que transportaban “grandes cantidades de cocaína”, en medio de una presunta lucha contra el narcotráfico en las costas venezolanas. Pero el anuncio dejó dudas que no han podido, ni querido, ser aclaradas.
Legisladores estadounidenses están ejerciendo fuerte presión al gobierno para que explique los pormenores de la operación, pero los funcionarios no aportaron nuevos datos. Los congresistas cuestionan la legalidad del ataque, ya que supone una ejecución extrajudicial y una flagrante violación de los derechos humanos.
El Pentágono canceló este viernes las sesiones informativas que debía realizar para varios comités de la Cámara de Representantes y del Senado. Los legisladores esperaban formular preguntas sobre la base legal del ataque, así como obtener detalles de la operación, a los cuales la Casa Blanca ha evitado responder.
La Administración intenta sostener que las 11 personas en la embarcación eran objetivos militares, porque supuestamente eran miembros del Tren de Aragua, organización considerada terrorista por Estados Unidos. Sin embargo, expertos lo ponen en duda.
Los miembros de cárteles y narcotraficantes tradicionalmente han sido considerados criminales con derecho al debido proceso legal, y no combatientes enemigos, indica la publicación.
Además, juristas llamaron la atención sobre la declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, en la que afirmó que la lancha podía haber sido interceptada, pero que el Gobierno estadounidense prefirió destruirla.
«Eso ya lo dice todo», señaló un exabogado del Pentágono que dejó el Gobierno en los últimos meses. «Cualquier argumento mínimamente plausible sobre la autoridad inherente del Comandante en jefe para llevar a cabo una acción militar requeriría demostrar que no había una alternativa al uso de la fuerza letal».
El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, advirtió que el secretario de Estado Marco Rubio quiere manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump con sus acciones de odio contra el país petrolero. El caso de la presunta “narcolancha” podría ser una de las acciones que conduzcan a meter en problemas legales a Trump dentro de su país.
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