Andrés Fernando Tufiño, uno de los dos sobrevivientes del bombardeo ejecutado por fuerzas estadounidenses contra un presunto narcosubmarino en el mar Caribe el pasado 16 de octubre, fue liberado este lunes por las autoridades ecuatorianas, tras no encontrarse pruebas que lo vinculen con actividades ilícitas. La decisión pone en duda la narrativa oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha justificado la operación como parte de una ofensiva contra el narcotráfico.
Según confirmó una funcionaria del Gobierno de Ecuador a la agencia Associated Press (AP), la Fiscalía no halló «elementos de convicción ni indicios» que permitieran emprender acciones legales contra Tufiño, quien fue capturado por la Marina estadounidense y posteriormente deportado a su país. Tras recibir atención médica, fue puesto en libertad.
El ataque, el sexto desde agosto en el marco de una serie de operaciones extrajudiciales lanzadas por EEUU contra embarcaciones procedentes de Sudamérica, dejó dos sobrevivientes: Tufiño y el colombiano Jeison Obando Pérez. Ambos fueron identificados por las autoridades estadounidenses como presuntos narcotraficantes, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas concretas que sustenten esa acusación.
En su red social Truth, Trump afirmó que el submarino atacado estaba «diseñado especialmente para el transporte masivo de drogas» y que «no era un grupo de personas inocentes». Sin embargo, la liberación de Tufiño y el estado crítico en el que llegó Pérez a Colombia —con traumas cerebrales, sedado y conectado a un ventilador, según el ministro del Interior Armando Benedetti— han generado interrogantes sobre la legalidad y legitimidad de estas operaciones.
Benedetti declaró en redes sociales que Pérez «va a ser procesado según la justicia, porque presuntamente es un delincuente que estaba traficando droga», aunque el precedente de Tufiño deja abierta la posibilidad de que las acusaciones carezcan de sustento. Hasta el momento, no se ha hecho pública ninguna evidencia que vincule a los sobrevivientes con redes de narcotráfico.
La falta de transparencia en estas acciones militares, sumada a la ausencia de pruebas y al estado físico de los sobrevivientes, ha encendido el debate sobre el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en aguas caribeñas y la presunción de inocencia de las víctimas. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos de la región han comenzado a exigir explicaciones más claras y garantías de respeto al debido proceso.
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