El 17 de enero, fue asesinado en Guayaquil César Suárez, el fiscal que investigaba la toma de un canal de TV por delincuentes. El 29 de marzo, seis adultos y cinco niños, en la provincia de Manabí, fueron secuestrados por 20 hombres armados y, luego, cinco de los mayores aparecieron muertos. Ese viernes, también en la misma provincia, pero en Manta, cuatro personas cayeron abaleadas por desconocidos en las afueras de una vivienda.
Cinco días antes, Brigitte García, alcaldesa del municipio costero San Vicente, quien a los 27 años era la burgomaestre más joven del país, fue acribillada junto con su asesor de comunicación. Siete personas fueron asesinadas mientras observaban un juego de fútbol en la provincia de Los Ríos, masacres que se repiten una y otra vez en Ecuador, en una ola de violencia incontrolable, pese a que en enero Daniel Noboa se convirtió en el primer presidente de ese país en decretar un estado de excepción por existir “un conflicto interno armado”.
En disputa
Fernando Casado, un español que labora en la Universidad Bolivariana de Quito como profesor de Derechos Humanos y Derecho Internacional, detalla que esa es una nación “en disputa del narcotráfico. Por el llamado efecto cucaracha, el narcotráfico y la delincuencia organizada van a lugares con mayor debilidad institucional”.
“Hoy, la mayor parte de la cocaína que recibe Europa llega de la cuenca del Pacífico ecuatoriano, con barcos que dan un gran rodeo a través del canal de Panamá, debido a que se debilitó la institucionalidad en los últimos siete años. Antes había mayor control en los puertos, con una policía mejor dotada. Ahora no es así, por eso el narcotráfico utiliza Ecuador como un puerto seguro”, explica.
Casado, quien también se ha desempeñado como docente en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, añade que “lo que hay detrás de la violencia es una confrontación entre distintas bandas locales, pero controladas por la llamada mafia albanesa, la que introduce la droga en Europa y también por parte de los carteles mexicanos, que se disputan el territorio ecuatoriano para sacar la cocaína. Entonces tenemos a las bandas cartelizadas relacionadas con los carteles mexicanos, disputándose el territorio”.
El también articulista y autor de varios libros se refiere a la existencia de una suerte de tríada: la producción de la droga en Colombia, que luego atraviesa la frontera, la cartelización mexicana y la disputa entre las bandas internas de los territorios, con la adición como cuarto elemento de la mafia albanesa y la distribución de la droga hacia el continente europeo.
Hay otro aspecto a considerar: “Estudios que se han hecho en Estados Unidos han determinado que el 17% de la ruta de la cocaína hacia este país proviene de las islas Galápagos, y un porcentaje todavía mucho más elevado, superior inclusive del que llega desde Colombia, saldría de puertos ecuatorianos”.
Noboa
En cuanto a la gestión del mandatario Daniel Noboa en materia de seguridad, Fernando Casado asegura que “ha intentado imitar a (Nayib) Bukele (presidente de El Salvador), pero lo ha logrado solo en el aspecto comunicacional: hay un gran despliegue propagandístico de la llamada Operación Fénix, ha habido intervenciones en las cárceles, pero están por verse los resultados, porque las cifras de ciminalidad, si han descendido, lo han hecho en una mínima expresión. Sigue siendo Ecuador el país más violento de América Latina”.
El descenso en la popularidad del presidente Daniel Noboa
El decreto mediante el cual el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción por conflicto armado interno no parece haber tenido el impulso deseado para elevar su popularidad, de acuerdo con distintos sondeos.
El 14 de mayo, la empresa Comunicaliza publicó unos estudios en los que reveló que su nivel de aprobación había bajado al 59,3%, todavía alto, pero significativamente por debajo del 80% que registraba en el primer mes del año. Además de esto, las preguntas que coló en el referendo del 21 de abril sobre el retorno de los arbitrajes internacionales y la precarización laboral que permite los contratos por hora fueron rechazadas, lo cual parece avisar que no tiene un cheque en blanco, al menos a mediano plazo.
“Él está utilizando la seguridad como ariete para tratar de mostrar que ha tenido en este corto período de su presidencia una gran efectividad, que sea su carta de presentación de cara a las elecciones. Sin embargo, si el estado de conflicto interno se estableció en enero y todavía no ha dado grandes frutos, la situación pues también le está costando a nivel de imagen”, explica Fernando Casado.
“Ya hay un desgaste importante y tendremos que ver cómo se desarrolla la situación, porque sus perspectivas son bastantes sombrías de cara a las próximas elecciones, ya que todavía quedarían alrededor de seis meses, y la caída de su popularidad es bastante acelerada en estos momentos”, apunta el analista.


El legado de Rafael Correa en materia de seguridad
El presidente Rafael Correa, según el análisis de Fernando Casado, “dejó a Ecuador siendo el segundo país más tranquilo de América Latina, siendo esta región la más violenta del planeta, en el que se cometían menos asesinatos por cada 100.000 habitantes, apenas cinco, cuando recibió ese promedio en 13 muertes”.
El también autor de varios libros se pregunta: “¿Cómo entonces, en siete años, Ecuador pasa de ser de una situación de gran seguridad al país más inseguro y con el mayor número de muertes violentas?” y su respuesta no tarda:
“Porque hay una bajada de brazos. Lenín Moreno redujo drásticamente el presupuesto para seguridad, justicia y policía se reduce en un 50%; se deja de dotar a esta última, no se invierte en los procesos de seguimiento de corrupción en ese cuerpo, dando lugar al crecimiento exponencial del número de crímenes no resueltos”.
Fernando Casado apunta que “hoy este es el país con el mayor número de muertes violentas en la región. En 2023 fueron 44 muertes por cada 100.000 habitantes, se multiplicó por 8 la cifra que dejó Correa, que toma tintes dramáticos en el gobierno de Guillermo Lasso donde los grupos delictivos penetran las instituciones del Estado”.
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