La irrupción de más de 70.000 migrantes marroquíes en la ciudad autónoma de Ceuta, España, en el norte de África, desató un escándalo en Europa que puso sobre el debate de nuevo el denominado espacio Schengen, la zona de libre circulación más grande del mundo.
Aparentemente incitados por mensajes en las redes sociales, miles de ciudadanos de Marruecos, fronterizo con esa ciudad, se lanzaron para intentar cruzar hacia el país vecino, muchos de ellos a nado, dejando un trágico saldo hasta el momento de al menos 141 muertos, según la cadena SER, citando al Colectivo Caminando Fronteras, de los cuales las autoridades españolas habían recuperado 78 cuerpos en sus aguas territoriales y las marroquíes 63.
El viernes 31, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, luego de visitar la zona y reunirse con las fuerzas de seguridad, aseguró que lo sucedido “es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española”.
El mandatario explicó que la situación tuvo su origen en la sentencia del Tribunal Supremo de su país dictaminando que los migrantes que llegan por mar a los dos enclaves españoles en el norte africano, Ceuta y Melilla, no pueden ser repatriados de inmediato.
Agregó que “subyace la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho” de esa sentencia y que dicha lectura “ha corrido como pólvora en las últimas horas”.
El martes pasado, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que al menos 70.000 de los 72.000 migrantes que llegaron en el aluvión humano ya habían regresado a Marruecos, mientras decenas de familias de este país buscan a sus parientes desaparecidos mostrando fotos.
El debate
La crisis derivada de esta invasión de miles de migrantes reavivó un debate, sobre todo exacerbado por la ultraderecha, contraria a todos los procesos migratorios, que ocasionalmente se da sobre el denominado espacio Schengen, uno de los pilares de la integración europea puesto en marcha en 1995, después de haber sido creado una década antes en la ciudad de Luxemburgo que le da su nombre y que permite la circulación de más de 400 millones de personas por 29 países, 25 de la Unión Europea, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
En el mismo se eliminan los controles en fronteras terrestres, marítimas y aéreas entre las naciones firmantes del acuerdo, tanto para los ciudadanos de estos Estados como para los nacionales de terceros países con visado o permiso de residencia legal, a quienes se les permite viajar por todo el territorio comprendido en el espacio durante 90 días dentro de cualquier ventana de 180 días, con algunas limitaciones muy específicas.
En el caso de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, por ser las únicas dos fronteras del espacio Schengen y la UE con el continente africano, con todo lo que esto representa desde el punto de vista estratégico para el flujo migratorio, para evitar que las mismas sean una vía de tránsito automático a Europa continental, se han establecido controles de identidad y visado en puertos y aeropuertos que conectan los territorios con la península ibérica y otros destinos.
El espacio Schengen determinó la posibilidad de que los Estados reinstalen controles de manera excepcional frente a amenazas graves para su seguridad y el orden público; esto ha generado numerosos debates desde su creación.
Durante la crisis migratoria de 2015-2016, ante la llegada masiva de refugiados y migrantes, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega reimpusieron controles en sus fronteras, mientras que durante la pandemia del covid-19, en 2020, la mayoría de sus miembros cerraron sus fronteras sin coordinación previa con la UE. En otras oportunidades ha sido por amenazas terroristas.
Macron se mantuvo en respaldo de Pedro Sánchez
Entre los primeros que salieron a respaldar al jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, al producirse la avalancha de migrantes marroquíes a la ciudad de Ceuta estuvo su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, quien el viernes 31 de julio le hizo una llamada en la cual le manifestó su solidaridad y, al mismo tiempo, según lo escribió en su cuenta en la red X, le ofreció “cualquier ayuda necesaria, incluida la del Frontex”.
Este organismo, cuyo nombre formal es el de Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, es el encargado por la UE de proteger los límites fronterizos del espacio Schengen, coordinando el control migratorio y la seguridad marítima en esos territorios.
Pero además, se negó a firmar la carta promovida por Italia y Dinamarca y suscrita por 20 países más, en la cual se responsabilizaba a España por su política migratoria.
Posteriormente, en una reunión del Comité de Representantes Permanentes de la UE en Bruselas el lunes pasado, estos concluyeron que la crisis quedó rápidamente “bajo control” y manifestaron su solidaridad con el Gobierno español, después de que este ofreciera informes detallados de que la mayoría de los más de 70.000 migrantes marroquíes que habían ingresado a Ceuta fueron devueltos a su país.
Giorgia Meloni suspendió el acuerdo durante un mes
Entre quienes primero reaccionaron a la crisis provocada por la invasión de los migrantes marroquíes a la ciudad de Ceuta estuvo la ultraderechista primera ministra de Italia Giorgia Meloni, quien el mismo viernes 31 de julio anunció en su cuenta en X que “el Gobierno ha decidido suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto por Schengen en los enlaces marítimos y aéreos con España, reintroduciendo los controles fronterizos”.
Explicó que se trataba de una “medida extraordinaria” con el fin de “salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones” y que la misma “se mantendrá vigente solo durante el tiempo necesario, con especial atención a limitar cualquier impacto en los flujos turísticos de verano”.
En el país ibérico, la extrema derecha no tardó en cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular y su rival en las elecciones generales de 2023, calificó su respuesta como “insuficiente, tardía y lenta”, asegurando que existían indicios de una entrada “premeditada” desde días antes, mientras que desde la también tolda ultraderechista Vox acusaron al Ejecutivo de haber mostrado debilidad en la defensa de la integridad territorial y exigieron una militarización permanente de la frontera.
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