El Salvador padeció dictaduras militares en alianza con la oligarquía terrateniente desde 1931 hasta 1984. Sin embargo, ante la protesta popular que se había convertido en guerrilla, bajo el auspicio y planificación del gobierno de los Estados Unidos, se instalaron desde 1979 una sucesión de juntas de gobierno de “transición a la democracia”. En marzo de 1980, el demócrata cristiano José Napoleón Duarte se integra al gobierno como ministro y en diciembre se convierte en presidente de la junta.
Durante esos años de “transición”, la integración de civiles a la junta sirvió de fachada a una desenfrenada ola de crímenes de Estado, ejecutados por las Fuerzas Armadas de El Salvador y grupos paramilitares que actuaban en coordinación. Tal vez de los crímenes más conocidos sea el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero (marzo 1980), ametrallado en medio de una homilía. O las de un grupo de monjas estadounidenses, de la orden Maryknoll, violadas y asesinadas después de ser detenidas por la Guardia Nacional en diciembre de 1980. La lista es mucho más amplia y masiva. Señalamos sólo dos hitos: la masacre del Sumpul en mayo de 1980, cuando la Fuerza Armada atacó el pueblo de Chalatenango, persiguió a quienes huían y asesinó al menos 600 personas; y la masacre de El Mozote, nombre que reciben un conjunto de masacres contra la población civil ejecutadas por el Batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador, en diciembre de 1981, donde fueron asesinadas 978 personas (553 menores de edad). El total de asesinatos cometidos por el Estado en ese período supera las 30.000 personas.
El presidente Luis Herrera Campíns (1979-1984) brindó amplio respaldo durante ese período al gobierno salvadoreño. En palabras de Herrera fue un “respaldo moral y político”. No obstante, ya en la época se denunció en el Congreso la presencia de funcionarios policiales y militares asesorando a las Fuerzas Armadas de El Salvador. Las fuentes desclasificadas posteriormente confirman el apoyo militar y policial venezolano al gobierno salvadoreño.
Las operaciones “encubiertas” fueron dirigidas desde la embajada venezolana. El embajador en la época era Leopoldo Castillo. Edmundo González Urrutia fue su ministro consejero entre 1981 y 1983. Sería bueno preguntar.
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