La emisión de una orden de detención contra el exmandatario boliviano Evo Morales consolida una escalada de hostigamiento judicial que organizaciones sociales y simpatizantes califican como la consumación de una persecución política sistemática.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz libró este miércoles el mandamiento de aprehensión en el marco de las investigaciones por el paro y bloqueo de carreteras que paralizó diversos puntos del país durante cincuenta y tres días. Esta acción penal responde a una denuncia formal presentada de manera conjunta por el Comité pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.
Cargos imputados y argumentos del Ministerio Público
La resolución lleva la firma de un fiscal de materia adscrito a la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción. El documento oficial señala que el expresidente y otros actores involucrados enfrentan cargos por delitos graves que incluyen el alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, el terrorismo y la instigación pública a delinquir. Asimismo, la fiscalía investiga el atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos, además de la asociación delictuosa.
El requerimiento argumenta que la medida cautelar resulta indispensable para avanzar en las pesquisas y esclarecer los hechos denunciados. El texto oficial fundamenta la decisión al señañar que la presencia del sindicado resulta imprescindible por su presunta autoría en los hechos delictivos.
El fiscal actuante invocó las facultades conferidas por la ley procesal para ordenar la captura y garantizar la continuidad del proceso investigativo radicado en la capital cruceña.
La respuesta del exmandatario en la red social X
Ante la arremetida judicial, el exmandatario contestó de inmediato mediante un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial. Morales afirmó que las autoridades buscan responsabilizarlo de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que atraviesa Bolivia, caracterizado por una profunda crisis económica y social.
El líder político sostuvo que este proceso judicial intenta desviar la atención pública de los problemas estructurales que afectan a la población.
En su mensaje publicado en la plataforma digital, el dirigente expresó textualmente que no permitirán intimidaciones por parte del aparato estatal. La comunicación enfatiza la continuidad de la lucha junto al pueblo con la convicción de rescatar la dignidad, la soberanía y la justicia social en el país. Morales ratificó que mantendrá su postura frente a lo que considera un uso faccioso de la justicia.
La postura oficial del gobierno actual
Desde la acera gubernamental, la respuesta ratificó la legalidad de las acciones judiciales emprendidas contra el líder opositor. Tanto el vocero presidencial, José Luis Gálvez, como el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, reiteraron que los cincuenta y tres días de movilizaciones no constituían una protesta social legítima. Las autoridades defendieron la tesis de que los bloqueos formaban parte de un plan sistemático de desestabilización orientado a interrumpir el mandato del presidente Rodrigo Paz.
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