El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó que la Policía Penitenciaria vigile de forma permanente y sin exposición mediática al expresidente Jair Bolsonaro, bajo arresto domiciliario.
La medida responde a un pedido directo de la Fiscalía General que alertó sobre el riesgo de fuga y solicitó reforzar la custodia del exmandatario ultraderechista, señala Prensa Latina.
Según la resolución, los equipos penitenciarios deberán establecer vigilancia continua en la residencia de Bolsonaro en esta capital, con la condición de que la presencia policial no afecte el vecindario ni invada la intimidad de la vivienda.
De Moraes subrayó que el control debe realizarse «con la máxima discreción», evitando tanto filtraciones mediáticas como posibles tensiones con seguidores del exgobernante (2019-2022) que suelen concentrarse en los alrededores de su domicilio.
El uso de uniformes y armamento quedará bajo criterio operativo de la Policía Penitenciaria, aunque el STF recomienda evitar situaciones que puedan interpretarse como provocación o exhibición de fuerza.
La Secretaría de Seguridad Pública del DF recibió instrucciones para articular la logística y garantizar que la medida se cumpla sin interrupciones a partir de esta misma semana.
Paralelamente, el magistrado ordenó notificar formalmente a la defensa de Bolsonaro sobre la decisión, dejando a la Fiscalía General un plazo de cinco días para manifestarse en torno a cualquier punto pendiente en el proceso.
Bolsonaro se encuentra en reclusión domiciliaria desde el 4 de agosto, tras violar condiciones impuestas en julio. Entre ellas figuraban el confinamiento nocturno, la prohibición de contacto con otros investigados y el veto al uso de redes sociales.
La actual vigilancia se inserta en la investigación 4995, que apunta al expresidente y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por presuntos delitos de obstrucción a la justicia, coacción durante procesos y tentativa de abolición violenta del Estado de Derecho.
El caso, sin embargo, no es el más decisivo para el futuro del excapitán del Ejército. La atención principal está puesta en la causa penal 2668, que lo acusa de haber participado directamente en el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
Tal proceso se realizará en la primera sala del STF entre el 2 y 12 de septiembre, en un juicio considerado histórico por sus posibles repercusiones políticas e institucionales.
De ser hallado culpable, Bolsonaro podría enfrentar una condena que superaría los 30 años de prisión, una sentencia sin precedentes para un expresidente en la historia republicana de Brasil.
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