Pueblos originarios del suroeste de Bolivia, en la provincia Nor Lípez (Potosí), reclamaron al Gobierno de Rodrigo Paz que los proyectos de explotación de litio incluyan estudios de impacto ambiental y procesos de consulta previa.
La demanda se formalizó en un proyecto de ley impulsado por autoridades locales y comunidades que rodean el salar de Uyuni, el mayor reservorio de litio del país.
El secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias, Iván Calcina, advirtió que 14 comunidades podrían verse afectadas por la escasez de agua y otros impactos ambientales.
«Los puntos más importantes para nosotros es la consulta previa libre e informada, y el estudio del impacto al medioambiente, porque entendemos que en las anteriores leyes no estipulaba o estaba en líneas generales», precisó.
Recordó que contratos firmados en la gestión de Luis Arce con empresas de China y Rusia carecieron de estudios ambientales y de consulta previa, lo que generó observaciones y la suspensión de inversiones por más de 2.000 millones de dólares, refiere EFE.
El salar de Uyuni concentra la mayoría de las reservas nacionales, estimadas en 23 millones de toneladas. Allí se inauguró en 2023 un complejo industrial estatal con capacidad para producir 15.000 toneladas de carbonato de litio al año, aunque opera con menos del 20 % de su capacidad.
Las comunidades esperan que su propuesta sea considerada para garantizar participación y protección ambiental.
Proyectos estatales
Durante el Gobierno de Arce se calculó que las reservas de litio en los salares bolivianos alcanzan los 23 millones de toneladas, la mayoría en Uyuni, que tiene una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados y es también uno de los principales atractivos turísticos de Bolivia.
En diciembre de 2023 se inauguró allí un complejo industrial estatal con una capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio que funciona con un sistema de piscinas de evaporación, pero solo alcanzó a operar con menos del 20 % de su capacidad y con defectos de diseño.
Ese complejo industrial, ubicado en el municipio de Colcha K, fue entregado por Arce, quien hizo los anuncios sobre su producción anual y que indicó que la inversión inicial para la planta fue de 669 millones de bolivianos (96 millones de dólares).
Si bien este proyecto fue iniciado por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), Arce anunció en 2023 que comenzaba «la era del litio» con el inicio de la planta industrial, pero en los años siguientes no logró los objetivos esperados.
Iván Calcina espera que el proyecto de ley que elaboraron con otras autoridades indígenas llegue a las autoridades para que tomen en cuenta sus solicitudes y se trabaje «para tomarnos en cuenta en decisiones y protegernos de impactos ambientales». EFE
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