El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2 de Argentina declaró el martes la caducidad de instancia en una demanda iniciada en 2018, en el marco de la causa Vialidad, contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ciudadanos.
La caducidad del proceso fue firmada por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, por lo que Fernández ya no deberá pagar al Estado un resarcimiento de 22.300 millones de pesos (más de 16.000 dólares) por la referida causa.
La decisión del magistrado se debe a que la Dirección Nacional de Vialidad no impulsó el expediente en un plazo de seis meses, llevando al cierre del proceso. Sin embargo, el Gobierno nacional todavía puede apelar el fallo.
Según medios locales, Dos Santos planteó que en su momento fue ordenada la digitalización del escrito de demanda, lo que no se cumplió en el lapso procesal oportuno, «lo cierto es que la actora tampoco lo advirtió durante el trámite de esta causa ante este tribunal», y que la falta de este requisito impide el avance del proceso «hacia el dictado de la sentencia definitiva».
El juez determinó que, descontando la feria judicial de invierno, el plazo estipulado por la ley para considerar la caducidad se había cumplido entre el 17 de marzo de 2023 y el 18 de septiembre del mismo año.
La defensa de la exmandataria, a cargo de Luis Goldin, había presentado ante el juez un reclamo contra el pago, alegando que no ha habido avances en el expediente desde el 19 de octubre de 2023. La defensa indicó que ese fue el último acto en la causa que permite suspender los plazos procesales.
Por su parte, Vialidad Nacional intentó evitar la caducidad del proceso para avanzar con el resarcimiento económico, argumentando que fueron sumados «hechos, pruebas y sentencias obrantes en el fuero penal».
En el fallo, el magistrado aclaró que el instituto de la caducidad de instancia no fue creado solamente para «castigar la negligencia de las partes en impulsar la tramitación del juicio», sino también para evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales.
Actualmente, Fernández cumple prisión domiciliaria en su apartamento de Buenos Aires tras ser ratificada la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por irregularidades en la concesión de obras viales.
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