La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó el lunes a Argentina entregar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como parte del pago a los beneficiarios del juicio por la nacionalización de la empresa.
Este fallo beneficia directamente al fondo británico Burford Capital y a Eton Capital, quienes adquirieron los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e Ieasa tras la nacionalización de YPF durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, reseñaron medios internacionales.
La jueza exigió al país suramericano «transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (The Bank of New York Mellon Corporation) en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden».
Después de esto, el banco deberá efectuar la transferencia de los intereses de propiedad argentina hacia los demandantes en un plazo de un día hábil.
En 2023, Preska había ordenado a Argentina pagar 16.100 millones de dólares a los referidos entes financieros, quienes reclaman una indemnización por supuestas irregularidades en el proceso de estatización. Este pago no se ha realizado.
En el reciente dictamen, la magistrada argumentó que «las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida», añadiendo que «las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York», amparándose en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.
«La propiedad de un Estado extranjero utilizada para una actividad comercial en los Estados Unidos no será inmune a la ejecución si la propiedad es o fue utilizada para la actividad comercial en la que se basa la reclamación», acotó y resaltó que el uso por parte de Argentina de sus acciones de control para dirigir la actividad comercial de YPF en EEUU «cumple con este requisito».
Posible apelación del fallo
Argentina tiene la posibilidad de apelar este fallo en tribunales de EEUU, pero en marzo pasado Preska rechazó la solicitud para investigar cuáles fueron los términos para la nacionalización la compañía petrolera.
Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, se pronunció mediante su cuenta en X anunciando que el Gobierno apelará el fallo de la jueza «en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales».
La nacionalización de YPF en 2012 se llevó a cabo ante la necesidad de recuperar el control sobre los recursos energéticos del país, sobre todo tras el descubrimiento de importantes reservas de gas y petróleo no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta. Esta decisión contó con amplio respaldo legislativo, enmarcándose en una política de soberanía energética.
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