Muy a pesar de lo que pueda decir —de la boca para afuera— el emocionalmente inestable y supuesto aislacionista Donald Trump, con el objetivo de sembrar terror sobre la faz de la Tierra y confundir a sus víctimas, la globalización sigue vivita y coleando.
No se ha ido de parranda ni se irá, pues al gran capital no le conviene. Y como esto es así, entonces, igual de vigente está la necesidad imperial (en el caso de Estados Unidos) y neocolonial (si se trata de la Unión Europea) de desconocer la figura del Estado nacional con la siempre eterna finalidad de desconocer los derechos que este tiene sobre los recursos naturales.
El más reciente ejemplo nos viene del sur de nuestro continente, producto de una decisión tomada en el norte de esta misma porción de la Tierra. Una juez del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York (Loretta Preska) dictó —como si hubiese podido esperarse lo contrario— un fallo a favor de un “fondo buitre” que se hizo con los derechos de un proceso de quiebra de un par de empresas que habían adquirido acciones de la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales, luego de que esa compañía fuese privatizada durante el nefasto gobierno de Carlos Menem, entre finales de los años 80 y comienzos de los 90 del siglo pasado.
El veredicto de Preska se resume así: Argentina —es decir, se apuntó en contra de la República— deberá entregar 51% de las acciones clase D de YPF, equivalentes a una “indemnización de 16,1 mil millones de dólares, con lo cual, si llegase a hacerlo (cosa bastante probable, si se considera la conducta del mandatario Javier Milei y su franca subordinación a los intereses del capital estadounidense), el país perdería el control mayoritario de su empresa petrolera.
El parecido con respecto al caso venezolano y la Exxon Mobil, por ejemplo, no es mera coincidencia. Tanto la República Bolivariana de Venezuela como Petróleos de Venezuela han sido blanco de distintas medidas de agresión por parte de los centros de poder (Washington y sus satélites europeos) desde la aprobación, vía Ley Habilitante, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (2001). Y más aún, a partir de la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco (2007), hito que dio fin a la denominada apertura petrolera (años 90 del siglo pasado) promovida por las transnacionales del sector, ante la pasividad cómplice de la IV República y la complicidad activa de la gerencia de la compañía estatal y sus bufetes de abogados privados, criollos y extranjeros.
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