El gobierno del ultraderechista Javier Milei, no está contento con los recortes que ha hecho al sistema de pensiones de Argentina, del que se beneficia un importante sector vulnerable de esa sociedad. Ahora, el presidente ha oficializado que se nombre a las personas con discapacidad como “idiotas”, “débiles mentales”, “idiotas” o “retardados”, según se plasma en una reciente resolución.
Esos términos discriminatorios aparecieron en el Anexo de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, el exabogado personal del presidente argentino, Javier Milei y tiene como objeto establecer un nuevo baremo para medir los grados de discapacidad de una persona, a partir de los cuales se le entregará o no una pensión no contributiva.
Las palabras “idiota”, “imbécil y “retardado” se utilizaron para clasificar los distintos “grupos” de personas con alguna discapacidad cognitiva o psíquica, términos que se dejaron de usar no sólo porque resultan ofensivos sino porque, además, quedaron obsoletos hace varias décadas.
Según la resolución oficial, la nueva clasificación de las personas con discapacidad, queda establecida de la siguiente manera y con los siguientes calificativos ofensivos:
– “Según el CI [coeficiente intelectual] los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…”.
– “30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias”.
– “50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”.
– “RETARDOS MENTALES: se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual”.
Retroceso a un decreto de Menem
Desde el año pasado, el gobierno de Javier Milei ya había dado señales de recuperar alguno de estos criterios en desuso, cuando él y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, restablecieron la vigencia de un decreto del menemismo (el 432/97) para clasificar los distintos grados de discapacidad y endurecer las condiciones para acceder a una pensión.
Para entonces, el gobierno ultraderechista incorporó la palabra “invalidez”, que también había quedado obsoleta desde 2004, cuando Argentina se adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU.
Las organizaciones de protección a las personas con discapacidad, que ya venían advirtiendo sobre los usos violentos por parte de Milei de términos relacionados con la discapacidad para insultar a terceros, presentaron una reclamación administrativa para que se dé de baja la resolución.
“La Resolución 187/2025 aprobada por la Agencia Nacional de Discapacidad, órgano que debiera ejecutar políticas y acciones tendientes a promover el pleno respeto y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, atenta contra derechos fundamentales reconocidos constitucional y convencionalmente, lo que la expone a ser cuestionada e invalidada en sede judicial”, dice el texto de la reclamación.
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