El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso este miércoles un nuevo estado de excepción en nueve provincias y tres municipios del país, en respuesta al recrudecimiento de la violencia vinculada al crimen organizado. La medida, formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 277, busca reforzar las acciones de seguridad frente a una crisis que se ha expandido territorialmente y que golpea con fuerza a la población civil.
Sin embargo, la reiteración de esta herramienta excepcional plantea serias dudas sobre la eficacia de la estrategia oficial. Pese a los constantes estados de excepción y al despliegue permanente de fuerzas de seguridad, los delitos graves y los homicidios no han disminuido. Por el contrario, las cifras oficiales muestran un incremento sostenido, lo que evidencia que la política de Noboa ha fallado en garantizar la protección de los derechos humanos y la seguridad de los ecuatorianos.
El nuevo estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días y se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de tres municipios de Cotopaxi y Bolívar. En estas zonas se suspenden derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, permitiendo allanamientos sin orden judicial y el acceso a información privada bajo el argumento de combatir a las organizaciones criminales.
La insistencia en medidas que restringen libertades básicas contrasta con los resultados: Ecuador cerró 2025 con cifras históricas de violencia, registrando 8.847 homicidios hasta el 19 de diciembre, según datos policiales. El país permanece bajo un escenario declarado de «conflicto armado interno» desde 2024, pero la ofensiva contra bandas catalogadas como terroristas no ha logrado frenar la expansión del crimen organizado.
Escalada de violencia y deterioro institucional
Informes técnicos del sistema ECU-911 revelan un panorama alarmante: entre noviembre y diciembre de 2025 se atendieron 573 emergencias relacionadas con muertes violentas, un aumento del 14,1 % respecto al mismo período del año anterior. Provincias como Santa Elena (120 %), Santo Domingo de los Tsáchilas (114 %), Los Ríos (71 %) y Esmeraldas (66 %) muestran incrementos dramáticos en la violencia, reflejando un deterioro significativo de la seguridad.
A su vez, los ministerios del Interior y de Defensa advierten sobre la creciente capacidad de las redes criminales para intimidar y cooptar a funcionarios públicos, incluyendo miembros de la fuerza pública. El Subcomando General de la Policía Nacional reportó que solo entre noviembre y diciembre se registraron 1.232 homicidios intencionales en las provincias bajo excepción, con Guayas a la cabeza con 577 asesinatos.
La reiteración de estados de excepción como respuesta automática frente a la violencia plantea un dilema de fondo: ¿hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a sacrificar derechos fundamentales sin ofrecer resultados tangibles en la protección de la ciudadanía? La evidencia muestra que la excepcionalidad se ha convertido en norma, pero sin lograr revertir el avance del crimen organizado ni garantizar la seguridad de la población.
La política de Noboa, centrada en la militarización y la suspensión de derechos, parece más orientada a mostrar acción inmediata que a construir soluciones sostenibles. Mientras tanto, los ecuatorianos siguen expuestos a un escenario de violencia creciente, con instituciones debilitadas y garantías constitucionales cada vez más erosionadas.
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