La cámara alta del Senado estadounidense, aprobó este jueves la nueva ley fiscal y presupuestaria creada a imagen y semejanza del presidente Donald Trump, con lo que se da carta blanca al magnate republicano para agilizar su agenda antimigratoria.
Con este instrumento legal, se inyectarán miles de millones de dólares que serán dirigidos al aumento de los costos de trámites migratorios e impuestos a las remesas extranjeras.
La oposición demócrata y de ciertos sectores republicanos a la polémica legislación, asegura que el proyecto de Trump representa un gasto “inédito” dirigido al tema migratorio y alertan que acelerará la agenda de deportaciones masivas de la Administración, con consecuencias “caóticas” para la población migrante de EEUU y la economía del país.
La financiación permitirá a la administración Trump aproximadamente duplicar la capacidad de detención de inmigrantes, reforzar significativamente el personal de control de inmigración y potencialmente exacerbar los atrasos en el sistema judicial.
El proyecto de ley, que llegará al escritorio del presidente antes del 4 de julio, asigna más de 100 mil millones de dólares al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y al control fronterizo hasta septiembre de 2029.
Además, se destinarán 46.500 millones de dólares a gastos del muro fronterizo con México, incluyendo construcción, instalación, mejoras, vías de acceso, cámaras, luces y otras tecnologías de detección.
También prevé la asignación de 45 mil millones de dólares al sostenimiento de centros de detención para adultos solteros y centros residenciales familiares.
Contempla la asignación de 29.900 millones de dólares a financiar la contratación, capacitación y retención de oficiales, agentes, investigadores y personal de apoyo del ICE, así como la tecnología, el transporte y la modernización de la flota del ICE.
Se dispara la cifra de detenciones
Con los fondos destinados a los agentes del ICE, el Gobierno prevé contratar más de 20.000 nuevos agentes, además del incremento al financiamiento a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas encerradas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50.000 actualmente a más de 200.000 en todo el país.
Este aumento drástico en las detenciones, señaló la directora del centro American Immigration Council (AIC), Nancy Gupta, en un informe, socavará la seguridad pública y creará caos en diferentes comunidades en todo el país.
El AIC estima que el nuevo presupuesto podrá traducirse en unos 116.000 arrestos diarios de migrantes y personas que no tienen ciudadanía estadounidense.
Si el Gobierno consigue su objetivo de deportar a un millón de personas por año, unas 6 millones de personas podrían perder sus trabajos, incluyendo 3,3 millones de migrantes y 2,6 millones de trabajadores nacidos en EEUU, de acuerdo con este informe.
Drástico aumento de trámites migratorios e impuestos a remesas
La ley de Trump está dirigido a aumentar los costos de varios trámites migratorios y se cobrará un monto de 100 dólares por solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países.
También aumentará el costo por solicitar un permiso de trabajo, que será desde ahora de 550 dólares. El documento tendrá una validez solamente de seis meses, y se cobrarán 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de asilo pendiente.
Con el fin de afectar la economía de los migrantes que viven o trabajan en EEUU, se impuso un gravamen del 1 % a las remesas enviadas al extranjero. Como principal emisor de remesas del mundo, según datos del Banco Mundial, EEUU pretende castigar a quienes ayudan a sus familiares con este tributo.
La ley también incluye medidas que afectan directamente a los migrantes, restringiendo su ya limitado acceso a beneficios fiscales.
Todos estos aspectos han sido señalados de violentar los tratados internacionales sobre el trato a los migrantes, y están reñidos con la legislación sobre los derechos humanos, suscrita por EEUU y que en numerosas ocasiones ha cuestionado a otros países.
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