Estados Unidos ha acusado a Venezuela de ejercer la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, decretado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1994. Para ello financia a la organización no gubernamental SOS Orinoco, dirigida por Cristina Vollmer de Burelli, según informes a los cuales hemos tenido acceso.
Esa ONG ha elevado informes desde el año 2018 al Centro del Patrimonio Mundial sobre la situación en el Parque Nacional Canaima, donde señalan que “el problema de fondo es la propia política minera del Gobierno venezolano, el llamado Arco Minero”.
Al respecto, el Gobierno venezolano ha respondido enviando un informe al Centro del Patrimonio Mundial, titulado “Vinculación entre la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero y el Parque Nacional Canaima”. Allí se explica que existe un área de influencia externa con el límite norte de Canaima, “cuya función principal es el resguardo bajo régimen de administración especial, con la finalidad de mantener la visión de fomentar el desarrollo de una cultura en torno a la minería, no como un país extractivista, sino como un país que sabe usar racionalmente sus recursos en beneficio de la población”.
Informes desclasificados refieren que la ONG SOS Orinoco, registrada en Francia, recibió financiamiento de la estadounidense Fundación Nacional para la Democracia (NED) por $300.000, a fin de ser empleados en “el combate a la narcodictadura venezolana”, según sus objetivos declarados.
La mencionada ONG, firmante de varias peticiones para que bloquearan la economía venezolana, igualmente recibió 50 mil dólares por parte de la Fundación Nacional Cubano Americana, fundada por anticastristas radicados en Estados Unidos.
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