Desde comienzos de este mes, el gobierno del presidente de centroderecha de Bolivia, Rodrigo Paz, ha estado enfrentando la que ha sido, sin dudas, la crisis más grave desde que asumiera el poder el 8 de noviembre del año pasado. Miles de personas han protestado en las calles en contra de sus políticas económicas, fundamentalmente neoliberales, y en los últimos días le ha llegado hasta la exigencia de que presente su renuncia.
Las señales de descontento, que se han venido expresando por fases, habían comenzado a producirse desde enero, cuando el mandatario promulgó el Decreto Supremo N° 5503, con el cual eliminó los subsidios al petróleo y al gas. Se exacerbaron en marzo, cuando los transportistas y mineros reclamaban por la escasez de combustible y la adulteración del importado.
La mecha incendiaria tuvo otro elemento con la promulgación de otra polémica ley el 10 de abril, la 1720 (también conocida como Ley de Reconversión de Tierras), con la cual autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria a convertir las pequeñas propiedades rurales en medianas, bajo el argumento de que con dicho instrumento legal se reducirían las desigualdades en las áreas rurales. Las fuertes movilizaciones de rechazo obligaron a derogarla.
Intensidad
Apenas arrancando este mes, las protestas cobraron una mayor intensidad: el 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajador, Mario Argollo, principal dirigente de la Central Obrera Boliviana, llamó oficialmente a un paro general indefinido que comenzó al día siguiente, como medida de presión ante la profunda crisis económica, la escasez de divisas y el desabastecimiento de carburantes.
A ello agregó la exigencia de un aumento salarial de al menos 20% y también en respaldo a las comunidades indígenas que luchaban en contra de la mencionada Ley 1720, que para ese momento aún no había sido derogada.
Desde entonces, los bloqueos de carreteras se han multiplicado, mientras la paralización de labores ha ido extendiéndose por sectores, como los del magisterio, cuya dirigencia, además de las mejoras salariales, está planteando un incremento sustancial en los presupuestos para el sector educativo.
Los sindicatos del transporte, por su parte, han demandado al gobierno de Paz que cumpla con los acuerdos firmados. Entre ellos está el de mejorar la calidad del combustible importado, al que han calificado como “basura”. También exigen el reembolso de las pérdidas producidas por los daños que, a consecuencia de esto, están sufriendo sus vehículos y que se materialice el prometido convenio con la Universidad Estatal de San Andrés, de manera que sus equipos técnicos elaboren informes diarios sobre la calidad de la gasolina.
Otro de los elementos que ha contribuido a aumentar las molestias entre los bolivianos es que el presidente integró su gabinete principalmente con empresarios conservadores, lo cual ha desatado el repudio de los sectores obreros, indígenas y campesinos, que se consideran excluidos en la toma de decisiones gubernamentales.
Marcha.
Mientras las tensiones continúan agravándose, el 12 de este mes comenzó la Marcha por la Vida, desde Caracollo, en Oruro, hasta La Paz, ciudad a la que llegó seis días después, luego de distintos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad del Estado.
La capital ha sido escenario de violentas protestas. En estas se exige la dimisión del mandatario, y han sido reprimidas por los cuerpos policiales, que dejaron un muerto el fin de semana pasado. También se ha producido una grave crisis de escasez de productos esenciales, al estar bloqueados los accesos a la ciudad. Esta situación ha llevado incluso al presidente de Brasil, Lula da Silva, a enviar ayuda humanitaria a ese país.
El mandatario podría usar a los militares para reprimir
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha afirmado que las protestas en contra de sus políticas tienen un carácter insurreccional, aunque ha insistido en que prefiere agotar las vías del diálogo.
A pesar de que ha manifestado que no tiene la intención de decretar el estado de excepción, esta semana promulgó una ley que deroga las restricciones a las Fuerzas Armadas para intervenir en conflictos internos, lo cual en la práctica significa que podrían reprimir las manifestaciones que no dan señales de cesar.
“El que quiera destruir la Patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”, advirtió.
También esta semana, en un acto en La Paz para instalar un foro de discusión sobre políticas económicas y sociales, expresó que “el país necesita orden y esto está llegando al límite (…) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”.
Ha contado, incluso, con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, pero nada calma el creciente descontento.
“No tenemos miedo de morir. Vamos a dar nuestras vidas por defender (…) ya le hemos dicho (al gobierno) que aliste sus maletas y que se vaya”, declaró en una de las tantas y masivas marchas que se están realizando la campesina indígena Marta Poma Luque.
Evo Morales niega estar detrás de las protestas
A uno de los que han tratado de responsabilizar por la violencia de las últimas semanas es al expresidente de Bolivia, Evo Morales, debido a que dirigentes y bases del Movimiento Al Socialismo (MAS) que le son leales están entre los convocantes a las movilizaciones.
Sin embargo, en declaraciones ofrecidas el domingo pasado al canal ruso RT, el exmandatario negó de manera tajante estar detrás de las protestas.
“A mí me echan la culpa. Yo no he convocado a esa movilización; yo no soy dirigente nacional de los movimientos sociales”, aclaró.
Morales sostuvo que está convencido de que hay “una rebelión, una sublevación del movimiento popular, del movimiento indígena y otros sectores sociales contra el modelo neoliberal” impuesto por el gobierno de Rodrigo Paz, debido a que su “ajuste estructural” por la crisis económica ha recaído “sobre la gente pobre”.
En su cuenta en la red X, el exjefe de Estado también acusó al Gobierno de Estados Unidos de entrometerse en el conflicto a través del secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que no permitirán que derroquen a Rodrigo Paz.
Morales denunció que el presidente pretende “enriquecer más a los ricos, dividir y enfrentar a los bolivianos y generar odio y racismo”. l
ultimasnoticias.com.ve
Ver fuente