A pesar de las más de mil medidas coercitivas unilaterales (MCU), la economía venezolana ha avanzado en materia de producción y abastecimiento soberano, apoyo a emprendedores y economía comunal, desde 2022, de manera importante. Nuestros recursos se han exportado recientemente debido al otorgamiento de licencias de tiempo definido, consentidas por la administración Trump, que solo han aliviado el bloqueo económico de más de siete años.
Las mal llamadas sanciones se interpretan, desde un marco cognitivo moral, como un castigo similar al que un padre autoritario propina a un hijo que decide tomar su propio rumbo para no depender más de la figura paterna. En nuestro caso, elegimos un sistema que privilegia lo social; lo humano está por encima de lo económico; la alimentación, por ejemplo, es un derecho constitucional.
Por lo anterior, los combos de alimentación desde los comités locales de abastecimiento y producción (Clap) aparecen en 2016, cuando el desabastecimiento y el acaparamiento inducido representaron una forma de desestabilizar políticamente: la harina de maíz no se conseguía en un abasto o supermercado, pero un remedo de vendedor, conocido como bachaquero, la ofrecía a un precio mucho mayor.
No les convenía que un sistema social, centrado en proteger a los más vulnerables, a la infancia y a los adultos mayores, de incentivo a los más jóvenes en materia educativa y cultural, fuera exitoso. Había que perforarlo, para luego promover el capitalismo global como salvación, cuando este sistema, por sustentarse en la guerra, atenta contra la vida y la preservación del planeta.
El mejoramiento del poder adquisitivo del venezolano, en particular, del trabajador público y del pensionado. Comenzó en 2023 con el bono contra la guerra económica para el funcionario activo, que ha ido aumentando de 30 a 150 dólares, y el bono alimentario de 40 dólares. También los pensionados han sido atendidos por esta política de la bonificación.
La atención a las y los trabajadores continuará mejorando con los aportes de la instalación de una comisión para el diálogo laboral en busca de un modelo que corrija las distorsiones y garantice un aumento digno a los trabajadores, responsable y sostenible, en palabras de la Presidenta (E), protegido de la inflación inducida y la especulación.
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