Las políticas migratorias de Donald Trump podrían expandirse a aquellos ciudadanos estadounidenses condenados, con el fin de lograr su objetivo de “mejorar” la seguridad nacional.
Sugerencia que fue comentada por los funcionarios de la administración de Trump quienes afirman que esa puede ser una consecuencia del acuerdo de Trump con El Salvador, donde una prisión de alta seguridad mantiene a unos 200 venezolanos detenidos que, según Washintong, son presuntos delincuentes y miembros de pandillas, refiere Axios.
A ello, se suma un comentario que hizo Trump durante una reunión en la Oficina Oval con el presidente salvadoreño Nayib Bukele la semana pasada, cuando dijo “los próximos son los locales».
«Siempre tenemos que obedecer las leyes (…) pero también tenemos delincuentes locales que empujan a la gente en el metro, que golpean a ancianas en la cabeza… Me gustaría incluirlos en el grupo de personas para sacarlos del país», indicó.
Declaración que provocó una tormenta de críticas por parte de los defensores legales, que la calificaron de inconstitucional.
Incluye a críticos del gobierno y órdenes judiciales
Los funcionarios también aseguran que los ciudadanos estadounidenses que critican las políticas de la administración podrían ser acusados de delitos, basándose en la idea de que están ayudando a terroristas y criminales.
«Hay que preguntarse si técnicamente los están ayudando e instigando, porque ayudar e instigar a criminales y terroristas es un delito», dijo el director senior de contraterrorismo de la Casa Blanca, Seb Gorka, en una entrevista con Newsmax.
Además, hay una preocupación entre los defensores de Kilmar Abrego García, quien se encontraba legalmente en Estados Unidos con una orden de no ser deportado a El Salvador, pero de todos modos fue llevado a la prisión del país centroamericano.
Por lo que la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a la administración de Trump que «facilite» su regreso, no que lo «efectúe», pero esta respondió asegurando que esa decisión depende de El Salvador.
Ante esto, la defensa de Abrego señala su confusión ya que esta respuesta ha sentado las bases para que el equipo de Trump envíe a un ciudadano estadounidense a una prisión extranjera y luego alegue que esa persona no puede ser devuelta.
Desconcierto que también presentó el juez Harvie Wilkinson III: “Si hoy el Ejecutivo reclama el derecho a deportar sin el debido proceso y haciendo caso omiso de las órdenes judiciales, ¿qué garantía habrá mañana de que no deporte a ciudadanos estadounidenses y luego renuncie a la responsabilidad de traerlos a casa?».
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios de Axios. Sin embargo, los funcionarios han argumentado que tienen un mandato electoral para una aplicación más estricta de la ley migratoria y que la oposición a sus políticas contradice la voluntad de los votantes.
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