En medio de una creciente preocupación internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido públicamente su responsabilidad en los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, vinculadas —según él— a «cárteles terroristas» asociados al gobierno de Venezuela y otros que no mencionó. Estas operaciones, que han dejado al menos 66 muertos en casi 20 embarcaciones desde septiembre, han sido denunciadas por organismos internacionales como la ONU como violaciones graves al derecho internacional y como ejecuciones extrajudiciales.
Durante su intervención en el Foro Empresarial de Estados Unidos (ABF) en Miami, Trump afirmó: «Estamos destruyendo cárteles terroristas y los estamos aplastando, vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y otros», sin especificar qué otros países estarían involucrados. Esta declaración se da en un contexto donde su administración evalúa bombardear objetivos militares dentro de Venezuela, lo que refuerza las sospechas de una estrategia de cambio de régimen promovida desde Washington.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, encabezada por Volker Türk, ha sido contundente: los ataques «no se realizaron en el contexto de defensa nacional ni contra individuos que representen una amenaza inminente para la vida», lo que los convierte en posibles crímenes internacionales. La admisión de estos hechos por parte de Trump podría tener implicaciones legales directas en caso de que se abra un proceso judicial internacional.
Por otro lado, ninguna de las acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro ha sido probada en instancias judiciales internacionales, lo que pone en duda la legitimidad de las acciones militares estadounidenses y su narrativa de lucha contra el narcoterrorismo. La falta de pruebas y el uso de fuerza letal contra embarcaciones sin juicio previo refuerzan la tesis de que Estados Unidos estaría impulsando una intervención encubierta con fines políticos.
En este mismo evento, la dirigente opositora de extrema derecha María Corina Machado, respaldó la estrategia de Trump, calificando a Maduro como «líder de una estructura narcoterrorista». Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la postura de la comunidad internacional, que exige investigaciones independientes, rápidas y transparentes sobre los ataques y llama a respetar el derecho internacional humanitario.
La militarización del Caribe y el Pacífico por parte de Estados Unidos, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, ha encendido las alarmas sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la instrumentalización de la lucha antidrogas para fines geopolíticos. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la seguridad regional se ve amenazada por acciones unilaterales que podrían desencadenar una escalada de violencia.
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