El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas que hicieron estremecer a Wall Street por lo radicales y polémicas, pues ponen en riesgo las pensiones y ahorros de millones de estadounidenses y acorralan a la banca privada.
Una de las disposiciones que rubricó tiene que ver con la posibilidad de abrir el acceso de los planes 401(k) a activos privados, que incluyen las criptomonedas, así como también los bienes raíces.
Es importante precisar que el Plan 401(k) es una cuenta de inversión que ofrecen las empresas estadounidenses para ayudar a sus trabajadores a ahorrar para la jubilación, por lo que la orden de Trump pone en riesgo los ahorros de millones de estadounidenses.
La decisión fue celebrada por todo lo alto por Wall Street, que aguardaba la posibilidad de integrar mercados privados en fondos de fecha objetivo, es decir, los ahorros de los trabajadores. Sin embargo, expertos advierten sobre costos más altos, menor liquidez y riesgos legales en caso de rendimientos insuficientes.
Por su parte, especialistas en finanzas han manifestado que si los nuevos activos no cumplen con las expectativas de los inversionistas, los administradores podrían enfrentarse a demandas y sanciones, lo que afectaría la confianza en el mercado financiero.
Trump persigue la “desbancarización”
La otra orden ejecutiva de Trump, busca eliminar la “desbancarización”, un fenómeno económico que prohíbe a la banca estadounidense discriminar a sus clientes bien sea por motivos políticos o religiosos.
Bajo este esquema, el gobierno trata de lavarse la cara de su verdadero propósito, que es el de permitir que tengan acceso a la banca de muchos de los socios de Trump, que están en el negocio de la venta de armas.
Entidades como JPMorgan Chase y Bank of America han sido acusadas de excluir sectores como armas de fuego o energía fósil, debido a la reputación dudosa de esas empresas. Ambas niegan discriminación y han ajustado políticas internas.
Trump pretende eliminar el concepto de “riesgo reputacional” de las guías regulatorias, para impedir que este criterio se use como argumento en decisiones financieras con impacto político.
Críticos sostienen que los bancos usan criterios ambiguos para justificar decisiones políticas, mientras defensores argumentan que es una herramienta legítima de gestión de riesgos.
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