El jefe de la diplomacia venezolana, Yván Gil, afirmó este lunes desde la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que los argumentos presentados por la República Cooperativa de Guyana carecen de fundamento legal y constituyen una distorsión de la realidad histórica.
Tras concluir la primera jornada de audiencias, el canciller Yván Gil señaló que Georgetown intenta utilizar tecnicismos procesales para validar el fraude del Laudo Arbitral de 1899, eludiendo su responsabilidad de retornar a la mesa de negociaciones bajo el amparo del derecho internacional.
La asistencia de la delegación nacional a los Países Bajos responde a la citación del organismo, pero no implica el reconocimiento de su jurisdicción para decidir sobre el territorio.
Gil fue enfático al declarar que Venezuela acudió para ratificar formalmente la incompetencia de la Corte en esta controversia, señalando que la demanda unilateral de Guyana es un recurso ilegal que contraviene el espíritu de consenso.
Para Caracas, la única vía jurídica reconocida es el Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento que obliga a ambas naciones a alcanzar una solución satisfactoria mediante el diálogo directo.
Títulos históricos y el Memorándum de Mallet-Prevost
La defensa de Venezuela se fundamenta en títulos indiscutibles que datan desde la creación de la Capitanía General.
Gil mencionó que elementos como el memorándum de Severo Mallet-Prevost son pruebas adicionales que describen la perversión y el fraude procesal cometido a finales del siglo XIX.
Para el Ejecutivo nacional, la propia existencia del Acuerdo de Ginebra invalida cualquier pretensión de revivir el Laudo de París, por lo que instó a las autoridades de Guyana a retomar el camino de la legalidad internacional y el consenso mutuo.
Preparación para la jornada del miércoles
La República Bolivariana de Venezuela ejercerá su derecho de palabra el próximo miércoles, contando con un equipo de alto nivel integrado por expertos, académicos y juristas.
Gil adelantó que la presentación se enfocará en demostrar ante la comunidad internacional que los derechos de Venezuela son reales e irrebatibles.
El diplomático concluyó que, independientemente del proceso judicial, el desenlace inevitable será el retorno de Guyana a la mesa de negociaciones para resolver definitivamente la controversia territorial bajo el amparo de la normativa vigente de 1966.
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