La presidenta (E) Delcy Rodríguez activó de manera formal la consulta nacional para la reforma de la justicia penal y anunció el lanzamiento de la línea tecnológica «0800-Extorsión» con el objetivo de combatir las malas prácticas y proteger la integridad de los funcionarios honestos del país
El anuncio fue realizado este lunes 1 de junio durante el lanzamiento de este proceso calificado por la mandataria como un paso estratégico e histórico para garantizar el acceso efectivo a la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Rodríguez enfatizó que el objetivo es hacer efectiva la justicia a través de las garantías constitucionales, la tutela del Estado y la optimización del sistema judicial. Durante su intervención, reconoció con firmeza que el sector aún tiene tareas pendientes: «Hay muchas cosas que resolver», expresó.
Resaltó la necesidad de consolidar una justicia transparente y adaptada a la moral y ética que requiere la nación.
La presidenta encargada pidió la colaboración de todos los organismos del Estado para erradicar la extorsión dentro de las instituciones de seguridad y del Poder Judicial, destacando que el proceso de debate sectorial y territorial permitirá construir un sistema criminal del siglo XXI bajo los más altos estándares internacionales.
La alta funcionaria recordó que, desde muy joven, cuando ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, donde cursó su carrera académica, lo hizo por una profunda vocación personal y motivada por el caso de su padre, Jorge Antonio Rodríguez. Afirmó que su interés siempre fue hacer justicia a un mártir de Venezuela que fue torturado y asesinado en las celdas de la policía política de aquella época.
«Tengo que decir que, décadas más tarde, hemos avanzado pero no lo suficiente. No es lo que merece el pueblo venezolano, no es la justicia que necesita Venezuela y por eso damos este paso histórico y estratégico», sentenció.
Transformación de espacios y despliegue comunitario
Como parte de las medidas de justicia social en el marco del evento, la jefa de Estado encargada ordenó la transferencia del antiguo coliseo de la policía del municipio Sucre, ubicado en Petare, estado Miranda, a las comunidades organizadas de la zona. La infraestructura, que anteriormente funcionaba como recinto de privación de libertad, será recuperada por la Misión Venezuela Bella para ser destinada exclusivamente al desarrollo de actividades culturales y deportivas.
El proceso de consulta pública, que contará con la participación del sistema de Naciones Unidas en Venezuela, diputados, magistrados y jueces de paz, abordará de manera autocrítica el funcionamiento de los despachos judiciales y policiales. Las autoridades concluyeron que la meta es profundizar la depuración institucional y construir mecanismos efectivos para la resolución de conflictos en el seno de las comunidades.
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