La expansión de Starlink obliga a analizar el monopolio con serenidad técnica, evitando tanto el entusiasmo ingenuo como la demonización apresurada. Está claro que el problema no es que la empresa innove, reduzca los costos o lleve internet a lugares donde nunca llegó la fibra óptica. La dificultad surge cuando una infraestructura crítica (que incluye una órbita baja, espectro radioeléctrico, terminales, datos de tráfico, contratos con operadores móviles y servicios de conectividad soberana) comienza a concentrarse en un único actor que prontamente estará en posición de condicionar precios, acceso, estándares técnicos y continuidad del servicio.
Según informes recientes, Starlink ya supera los 10 millones de clientes y, en el momento de redactar esta reflexión, opera 12.191 satélites en órbita baja, lo que la convierte en un actor central del nuevo mercado de internet satelital, especialmente cuando se tiene en cuenta que la competencia suma en total 5.269 satélites. Por consiguiente, la pregunta es bajo qué reglas debe crecer una red que ya se parece menos a una empresa privada y más a una obligada autopista planetaria de comunicaciones.
Las leyes antimonopolio nacieron para proteger algo más profundo que la competencia entre empresas: protegen al usuario, al Estado y al sistema económico de posiciones privadas que pueden sustituir la deliberación pública por decisiones corporativas. Esta afirmación, en su esencia amplia, incluye las iniciativas venezolanas que se recogen en la Ley Antimonopolio (2014) y -con ella- la Superintendencia Antimonopolio.
Vale la pena recordar un caso ejemplar: el de Standard Oil. En 1911, la Corte Suprema de EE. UU. ordenó la disolución del conglomerado empresarial al considerar que imponía restricciones irrazonables al comercio. No solo se castigó el tamaño, sino también el uso de ventajas estructurales para cerrar el mercado. Es indispensable recordar que, a pesar de la decisión, la Standard Oil convirtió una ruptura corporativa en una dispersión patrimonial rentable, ya que sus antiguos propietarios mantuvieron intereses accionarios en empresas que siguieron dominando segmentos regionales de refinación y distribución, y que posteriormente se recombinaron parcialmente mediante fusiones hasta formar los gigantes que hoy conocemos: ExxonMobil y Chevron.
Este es solo un ejemplo, pero hay varios casos más que podríamos examinar. Entre ellos se encuentran el sistema Bell, que derivó en AT&T en 1982, cuando se ordenó la desinversión vertical y las obligaciones de acceso igualitario; Microsoft, entre 1998 y 2001, por excluir navegadores rivales; Google Search, entre 2020 y 2025, por monopolizar la búsqueda general y preferente, y Google Ad Tech, en 2025, por monopolizar los mercados de tecnología publicitaria de la web abierta. A esta lista podemos añadir rápidamente: Google Shopping (2017), Google Android (2018), Apple App Store, Alibaba, Amazon Marketplace, IBM y Meta (Facebook), entre otros.
Starlink presenta amplias similitudes con estos antecedentes. Si bien antes eran oleoductos y centrales telefónicas, ahora se trata de constelaciones satelitales, espectros de dominio, lanzadores espaciales, antenas, softwares, acuerdos con Estados y alianzas con operadores móviles. Su negocio se está moviendo hacia la prestación de servicios directos a los dispositivos, lo que alteraría la relación con las redes celulares terrestres (mucho más cercanas). Hasta la fecha, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (de las Naciones Unidas), la Unión Europea y la Unión Africana de Telecomunicaciones, a pesar de sus esfuerzos individuales, han sido incapaces de regularla de manera plena y vinculante.
La solución final podría ser sencilla aunque exigente, ya que, si bien Starlink se presenta como una solución idónea para la brecha digital, ninguna solución técnica debiera adquirir el derecho a convertirse en el árbitro del acceso, el precio y la soberanía comunicativa. Es difícil reconocer el rostro de abuso del monopolio moderno, ya que llega en forma de solución eficiente, con cobertura e instantánea velocidad, y desplaza con amplia facilidad a cualquier competidor. Precisamente por eso, es necesario establecer normas desde el principio y recordar que la infraestructura crítica, al conectar a toda una sociedad, también forma parte del ámbito de la política pública, de la competencia leal y del interés general.
@betancourt_phd
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