Hasta ahora suman 19 los fiscales imputados por su presunta participación en el cobro de vacunas a personas que tienen abierta una investigación penal y quieren salir de ese asunto.
Entre los investigados figuran dos fiscales superiores: el del estado Bolívar, Luis Roa Reyes y el de Carabobo, Miguel José Durán Trejo, de acuerdo a información recabada. Roa Reyes fue sustituido por Ingris Elena Colmenares Jiménez, según se lee en el directorio del Ministerio Público.
También figuran en la lista de investigados tres directores del Ministerio Público: Marvin Emperatriz González Barrios (directora contra la Corrupción), Ángel Fuenmayor (director de Delitos Comunes) y Orlando Peña (director de Delincuencia Organizada); además del fiscal nacional Farid Mora Salcedo.
Las detenciones son practicadas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), desde donde se sustancia la investigación.
Los tres directores aprehendidos ya fueron reemplazados, según fuentes internas del Ministerio Público. En Delincuencia Organizada fue designada Mirian Lima; Milagros Salcedo en Corrupción y Luis Ernesto Dueñes en Delitos Comunes.
En Carabobo hay 13 investigados
Carabobo es la entidad que concentra mayor cantidad de investigados con 13 procesados. En ese caso las investigaciones iniciaron con la detención del abogado Rafael Reyna, quien poseía un carnet que lo acreditaba como fiscal del Ministerio Público, con el cual ‘’se dedicaba a solicitar dinero a las partes en el proceso, con el objeto de ventilar casos ante fiscalías específicas, a su vez coordinaba con funcionarios los trámites de solicitudes de entregas de vehículos, objetos, inclusiones y exclusiones de personas en el Sistema Integrado de Información Policial, experticias, distribuciones, diligencias de investigación entre otros’’, según lo informado desde la Fiscalía General.
Las declaraciones de Rafael Reyna ante el Sebin dieron pie para la detención del fiscal superior de Carabobo y otros 10 fiscales; a saber: Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Ángel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángel Dorta Sivira.
Estas personas participaban del esquema que ejecutaba Rafael Reyna, cobrando por los servicios públicos, en razón de lo cual le imputaron extorsión agravada, entre otros delitos, según reportes. Y a los 11 fiscales que citaron posterior a la captura de Rafael Reyna, no les imputaron ese delito de extorsión agravada, pero si obstrucción a la Administración de Justicia, ventajas o beneficios económicos de funcionarias públicas o funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación para delinquir, según boletín de Fiscalía.
La lista de Carabobo añadió dos nuevas detenciones: Pedro Amaya y Freddy Franco, a quienes les imputan un nuevo delito que no está presente en el expediente de Rafael Reyna y los 11 fiscales. Se trata del delito de privación ilegítima de libertad, además del de extorsión agravada, entre otros.
De ese grupo de 13 fiscales carabobeños solo tres están privados de libertad, según los boletines del Ministerio Público: Miguel José Durán Trejo (fiscal superior de Carabobo), Pedro Amaya y Freddy Franco (Fiscal Provisorio y Fiscal Auxiliar de la Fiscalía 1era del estado Carabobo). El resto, solo fueron imputados, es decir, notificados oficialmente que tenían abierto un expediente penal.
Jueces superiores interrogados. De esos 11 fiscales imputados carabobeños, uno de ellos, Luis Maldonado, fue hallado muerto en un hotel de Maracay (Aragua). Y más reciente, se informó la detención del fiscal del estado Sucre, Ygnacio López, quien será imputado.
Hay otros operadores del Sistema de Justicia igualmente sometidos a investigación y quienes rinden declaración ante el Sebin. Entre ellos figura Patricia Marcano y Carlos Retiff, presidentes de los circuitos penales de Nueva Esparta y Bolívar respectivamente.
En esa lista también está Yaritza Godoy, jueza rectora del estado Bolívar. Bárbara Rojas, asistente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia también es investigada, así como los jueces antiterroristas Carlos Liendo y Ángel Betancourt, según fuentes judiciales.
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