La ONU advierte que las detenciones se hicieron con «irrupciones en viviendas, hombres encapuchados sin identificación, uso excesivo de armas largas, arrestos sin orden judicial y traslados en vehículos sin placas»
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un extenso informe en el que concluye que en Venezuela «se han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad», tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El documento examina los hechos ocurridos entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 y asegura que se ha llevado a cabo un “plan de aniquilamiento contra personas opositoras o percibidas como tales”, traducido en «detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y asesinatos».
La Misión afirma que existen “motivos razonables para creer que al menos 30 personas perdieron la vida: 25 durante las protestas y cinco bajo custodia del Estado». Además, destaca que otras tres «murieron tras ser excarceladas debido al deterioro de su salud en prisión».
El informe describe un «patrón de muertes en manifestaciones, ejecuciones extrajudiciales, uso letal de la fuerza y fallecimientos en centros de detención».
Detenciones
Según la Misión, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 se registraron 200 nuevas detenciones, de las cuales 155 correspondieron a hombres y 45 a mujeres.
Enero de 2025, en torno a la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro, afirman que fueron arrestadas al menos 84 personas, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos y adolescentes.
Mayo de 2025, en el contexto de las elecciones regionales y parlamentarias, con 42 detenciones adicionales.
En total, desde julio de 2024 hasta agosto de 2025, documentaron 84 extranjeros detenidos, acusados de “terrorismo” o “subversión”, además de 220 niños, niñas y adolescentes (NNA) arrestados tras las protestas electorales.
La ONU advierte que las detenciones se hicieron con «irrupciones en viviendas, hombres encapuchados sin identificación, uso excesivo de armas largas, arrestos sin orden judicial y traslados en vehículos sin placas». En algunos casos, denuncian que «las autoridades llegaron a justificar la detención como una orden presidencial”.
Asimismo, denuncia el «uso sistemático del aislamiento y la incomunicación contra detenidos políticos». Documentaron «golpizas, amenazas, tratos crueles, condiciones inhumanas de reclusión y privaciones prolongadas de contacto con familiares y abogados».
Además, indican que «las audiencias judiciales se llevaron a cabo en centros de detención, de forma telemática o en horarios nocturnos, lo que eliminó garantías mínimas de publicidad y convirtió los procesos en juicios secretos».
La «violencia sexual» es otro de los mecanismos descritos en el documento. «Mujeres, niñas y adolescentes privadas de libertad fueron sometidas a desnudez forzada, tocamientos, prostitución forzada y sexo transaccional coercitivo», describe el documento.
La Misión resalta que este «patrón no es aislado», sino que forma parte de una «política de Estado dirigida a castigar y silenciar a la disidencia».
El informe dedica un apartado especial a los niños, niñas y adolescentes detenidos durante las protestas de 2024 y los actos vinculados a la toma de posesión presidencial en enero de 2025. En muchos de esos casos, denuncian que «se violó el debido proceso y el principio del interés superior del niño. Algunos adolescentes fueron arrestados de manera violenta en sus casas, incomunicados y sometidos a audiencias judiciales nocturnas, sin acceso adecuado a defensa legal».
Sobre el «espacio democrático»
La Misión también alerta sobre el «deterioro» del espacio democrático y cívico en Venezuela, marcado por la aprobación y aplicación de leyes restrictivas, como la Ley de Fiscalización de ONG y organizaciones sociales, la Ley contra el Bloqueo Imperialista y el proyecto de Ley contra el Fascismo y el Neofascismo.
El informe documenta «ataques contra periodistas, cierres de espacios digitales, hostigamiento judicial y amenazas contra organizaciones defensoras de derechos humanos, que han sufrido allanamientos, confiscación de equipos y campañas de desprestigio».
En el plano político, la Misión dice que Nicolás Maduro asumió la presidencia el 10 de enero de 2025 «sin verificación independiente del proceso y con un Consejo Nacional Electoral que nunca publicó actas ni resultados detallados».
Asimismo, el informe recuerda que la Corte Penal Internacional mantiene abiertas dos investigaciones sobre Venezuela: la Situación Venezuela I, en etapa de investigación desde 2018, y la Situación Venezuela II, aún en examen preliminar. En agosto de 2025, la Sala de Apelaciones de la CPI decidió apartar al fiscal Karim Khan de la primera de estas investigaciones. Además, se mencionan procesos bajo jurisdicción universal en Argentina y España contra ex altos funcionarios venezolanos por crímenes de lesa humanidad.
El organismo concluyó que en Venezuela «existe un plan deliberado de represión estatal contra opositores reales o percibidos, articulado a través de cuerpos de seguridad, el Ministerio Público, jueces y autoridades penitenciarias».
“La magnitud, extensión y gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela evidencia la comisión de crímenes de lesa humanidad, particularmente el de persecución por motivos políticos”, señala el documento.
Presentación del informe
La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Marta Valiñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un balance alarmante sobre la situación en el país tras las elecciones de 2024.
Valiñas denunció que cinco personas detenidas durante la «represión poselectoral murieron bajo custodia del Estado sin recibir atención médica oportuna, pese a que se habían emitido reiteradas alertas sobre el deterioro de su salud». Estas muertes, señaló, constituyen «privaciones arbitrarias de la vida atribuibles directamente a las autoridades venezolanas y se produjeron en un contexto de tratos crueles, inhumanos o degradantes».
“El Estado no respondió con la debida diligencia para salvaguardar sus vidas”, advirtió Valiñas al presentar el informe, subrayando que estos hechos permanecen en la impunidad.
La Misión también reafirmó que al menos 25 personas «fueron asesinadas». Según el Valiñas, «no se hallaron indicios de que la oposición estuviera involucrada en esas muertes, mientras que sí existen motivos razonables para creer que en varios de los casos participaron directamente cuerpos de seguridad del Estado». De las 25 muertes, dice que se investigaron 14, y en 12 de ellas se confirmó el «involucramiento de funcionarios».
La Misión expresó su preocupación por las «condiciones» en centros de reclusión como Tocorón, Tocuyito, Rodeo I y La Crisálida, donde manifiestan que las circunstancias «podrían alcanzar el umbral de tratos crueles, inhumanos o degradantes». “La situación de salud de los privados de libertad es alarmante a la luz de las muertes registradas bajo custodia del Estado”, alertó Valiñas.
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